En redacciones, camerinos y chats privados —esos lugares donde durante años el abuso poder se sintió intocable— empezó a correrse un murmullo que ya no pudo caber más en voz baja. Lo que durante décadas se toleró como “rumores” o se archivó en silencios incómodos, estalló en la última en relatos que se encadenan, se confirman y se amplifican. Nombres propios, trayectorias reconocidas y espacios de prestigio han quedado expuestos en una conversación pública que mezcla indignación, miedo y una urgencia colectiva por no callar más.
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Tras la ruptura del dique, Caracol Televisión retiró a los periodistas y presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, tras las denuncias de presunto acoso sexual.
La salida de los comunicadores empezó a engordar la bola de nieve de denuncias sobre hechos parecidos tanto en el mismo medio como en espacios públicos como RTVC, en donde Hollman Morris, el actual gerente, ha estado blindado por el respaldo irrestricto del presidente Gustavo Petro pese a las acusaciones en su contra.
Morris fue denunciado hace ocho años por acoso sexual por Lina Castillo, quien entonces era militante del partido Colombia Humana, fundado por Petro.
Tras esa denuncia, Morris presentó una acción por injuria y calumnia en su contra, un proceso que ha sido citado por las firmantes como ejemplo de posibles escenarios de revictimización, pues el sistema judicial tiene a Castillo bajo acusación y al denunciado en el banquillo de los denunciantes.
“Es urgente garantizar condiciones seguras y justicia con enfoque de género para las víctimas que denuncian acoso en el ejercicio periodístico”, señalaron las firmantes, entre ellas María Jimena Duzán, Jineth Bedoya Lima y Catalina Ruiz-Navarro.
El panorama -sin embargo- es mucho más grave de lo que se cree. Iris Marín, defensora del Pueblo, reveló que en Colombia, de acuerdo con el informe Violencia de género en contra las mujeres periodistas en Colombia, publicado a finales de 2020 por la campaña No Es Hora De Callar y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes, 6 de cada 10 mujeres periodistas han vivido violencia de género en sus espacios laborales. Casi 8 de cada 10 conocen casos de violencia contra colegas. Y en la mayoría de estos, los agresores son personas con poder dentro de los mismos entornos laborales. El número es mucho más repugnante si abre a otros espacios que no tienen nada que ver con la comunicación social.
“El acoso sexual ocurre en instituciones, en empresas, en medios de comunicación, en universidades, en espacios comunitarios, y en lugares más cotidianos como el transporte público o el colegio, etc. Estamos frente a una violencia estructural, que no distingue sectores ni niveles de poder, y que requiere una respuesta estructural también. Sin embargo; es más difícil enfrentarlo cuando quien ejerce el acoso sexual es una persona poderosa, ya sea porque tiene poder político, institucional o económico, porque goza de reconocimiento social o académico, o porque es reconocido como una personalidad”, explicó Marín.
A través de un pronunciamiento, Marín enfatizó que, si bien los responsables directos son quienes cometen estos actos, también existen responsabilidades institucionales y colectivas que perpetúan el problema. En ese sentido, cuestionó a las entidades que no investigan, a las organizaciones que encubren o minimizan las denuncias y a los entornos laborales que priorizan su reputación por encima de la protección de las mujeres.
“La sociedad ha aprendido a normalizar estas prácticas”, advirtió la Defensoría, al señalar que este fenómeno va más allá de casos individuales y responde a dinámicas estructurales.
Uno de los puntos más relevantes del pronunciamiento tiene que ver con los tiempos de las denuncias. La entidad fue enfática en señalar que las mujeres no denuncian en el momento en que ocurren los hechos, sino cuando cuentan con las condiciones para hacerlo.
Sin embargo, indicó que: “Estamos presenciando cómo el silencio que protegió el abuso de poder y el acoso se está desplomando”.
Por su parte, la investigadora Sandra Borda explicó que en el tema del acoso a las mujeres, “hay un tema que se está pasando por alto y es el envalentonamiento que produce que los superiores no lidien con el problema por años y prefieran meter el mugre debajo del tapete”.
“Eso normalmente ocurre por muchas razones: financieras, de amistades estrechas, pero principalmente ocurre por una alergia muy bogotana a enfrentar los problemas y resolverlos así eso cause conflicto, inestabilidad y algo de escándalo. La muy bogotana expresión de darle manejo a las cosas consiste en eso, en apaciguar, en remover el ruido, en dejar que pase el tiempo y el olvido gane. Ese es justamente el mejor amigo del acosador, que sabe perfectamente que con el tiempo, eso le significa inmunidad y sigue insistiendo hasta que alguien con más poder que el de sus propios superiores le rompe el blindaje y todo estalla en mil pedazos” señaló.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas de Colombia expresó su profunda preocupación por los hechos y aseguró que evidencian una problemática estructural que ha sido silenciada durante años.
El gremio pidió “cero tolerancia” frente al acoso y la violencia de género en el ejercicio periodístico, así como investigaciones transparentes, garantías de protección para las víctimas y entornos laborales seguros.
Críticas al oficialismo
La analista de izquierdas Sara Tufano lanzó fuertes críticas contra el reciente comunicado de las mujeres del Pacto Histórico en relación con las denuncias de presunto acoso sexual contra Hollman Morris, al considerar que se trata de una reacción tardía y motivada por la presión mediática.
Importante:
Tufano, que ha sido apartada del proyecto progresista, calificó el pronunciamiento como “oportunista” y aseguró que evidencia fallas estructurales en la respuesta estatal frente a las violencias basadas en género. Según planteó, de no ser por la visibilidad que han adquirido los casos en la opinión pública y el impulso del movimiento feminista, la postura de la bancada no se habría producido.
“Si, como dice el comunicado, estuvieran preocupadas por garantizar espacios seguros, libres de violencias basadas en género, hace rato se habrían tomado el tiempo de hablar con las víctimas, o se habrían pronunciado cuando Morris fue nombrado gerente de RTVC, o se habrían tomado el tiempo de recoger apoyos de líderes visibles del PH, pero no, no lo hicieron antes porque involucrarse en ese tema hubiera puesto en riesgo su ascenso político”, criticó.
