La Fiscalía General de la Nación, a través de la Delegada para la Seguridad Territorial y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con la Homeland Security Investigations, logró identificar 13 inmuebles que estarían al servicio de una red transnacional dedicada a ofrecer trámites migratorios fraudulentos a ciudadanos latinoamericanos que buscaban establecerse en Estados Unidos.
Durante diligencias de registro y allanamiento realizadas en viviendas y oficinas ubicadas en los municipios de Suárez, El Espinal e Ibagué, las autoridades incautaron múltiples elementos probatorios. Entre ellos, dispositivos de almacenamiento electrónico, teléfonos celulares, computadores portátiles, 16’867.000 pesos en efectivo, tarjetas bancarias, agendas y documentación relacionada con supuestos trámites migratorios.
Asimismo, fueron encontrados pendones y material publicitario sobre procesos como permisos de trabajo, solicitudes de asilo político y trámites de exención de causal de inadmisibilidad, que normalmente se realizan ante autoridades estadounidenses. En los lugares también se hallaron dos banderas, un pendón con el logo del Departamento de Seguridad de Estados Unidos y dos chalecos tácticos con insignias de ‘Police Ice’, lo que sugiere un intento de dar apariencia de legalidad a las actividades ilícitas.
En los operativos, que contaron con el apoyo del Gaula Militar, también se encontraron imágenes y altares asociados a rituales de santería, los cuales, según la investigación, habrían sido utilizados para ofrecer supuestas “ayudas esotéricas” a los migrantes con el fin de evitar su deportación.
De acuerdo con las autoridades, las personas que integrarían esta red se encontrarían residiendo en Estados Unidos. Desde allí, presuntamente publicaban anuncios en páginas web y redes sociales, en los que ofrecían servicios para legalizar el estatus migratorio, gestionar visas o tramitar asilos políticos, cobrando sumas que iban desde los 300 hasta los 10.000 dólares.
La Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar plenamente a los responsables y avanzar en su judicialización, en coordinación con las autoridades internacionales.
