BOGOTÁ. La Procuraduría informó en un comunicado que sancionó con suspensión e inhabilidad especial por 12 meses a Francisco Melo Rodríguez, superintendente delegado para la protección de la competencia en 2024, así como a tres funcionarios y 12 contratistas de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, por extralimitar funciones en visitas administrativas a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio de Relaciones Exteriores, así como a los Fondos Rotatorios de estas entidades, entre el 12 y el 21 de marzo de 2024.
“La decisión disciplinaria también afectó a los profesionales universitarios Mario Alejandro Franco Vanegas y Martha Liliana Fandiño Vergara; a la profesional especializada (e) Yolanda Hernández Alonso; y a los contratistas Mercy Lorena Agámez Rodríguez, Daniela Alvarado Guzmán, Róber Alexis Núñez Barrero, Jessica Juliana Ortega Velandia, Daniel Leonardo Muñoz Manrique, José Miguel Moreno Reina, María José Montejo Pino, Diana Carolina Gómez Ortiz, Juan Pablo Martínez Cortés, Douglas Fernando Moreno Mape, Noemí Rodríguez Pombo y Karen Vanessa Angulo Sogamoso”, se lee.
Para el organismo de control disciplinario, el equipo comisionado por el superintendente delegado, conformado por profesionales y contratistas, actuó como “el despacho” para solicitar acceso a celulares personales e institucionales para extraer información sensible, aduciendo que estaban facultados para averiguar lo relacionado con la contratación de las entidades visitadas, con lo cual se concretó la extralimitación.
Así mismo, estableció el Ministerio Público que “este actuar irregular podría generar implicaciones serias sobre la reserva legal, como en casos de extradición y refugio, y espejos forenses o réplicas exactas de dispositivos de almacenamiento digital, al presentarse con un objeto distinto a las denuncias efectuadas que buscaban verificar prácticas fraudulentas en contratos de Thomas Greg & Sons, relacionadas con presuntos favorecimientos en la contratación de expedición de cédulas y pasaportes por parte de estas entidades”.
Estas actuaciones afectaron los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data, al incluir censos electorales, historiales clínicos y procesos judiciales, entre otros, a pesar de que previo a las visitas se realizó la socialización del objeto denunciado para la protección de la competencia, afectando el servicio público y la confianza ciudadana en los controles de competencia, concluyó la Procuraduría.
“Los funcionarios Franco Vanegas, Fandiño Vergara y Hernández Alonso fueron suspendidos e inhabilitados por 9 meses, mientras que los 12 contratistas fueron sancionados con multa equivalente a 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes e inhabilidad para contratar con el Estado por el término de cinco años”, reportó.
