BOGOTÁ. La Procuraduría respaldó en las últimas horas una demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para buscar impedir que el presidente Gustavo Petro hable, sin pruebas, del supuesto fraude electoral.
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Por la demanda, interpuesta en octubre pasado por el jurista Ramiro Bejarano, ex director del extinto DAS y director del departamento de derecho procesal de la Universidad Externado, este viernes habrá audiencia con las partes para evaluar la imposición de una medida cautelar que, se lee, “no solo es necesaria, idónea y proporcional para garantizar los derechos colectivos, sino que su carácter urgente se debe a la proximidad de las fechas dispuestas por la Organización Electoral para los comicios”.
Bejarano advierte que la narrativa de Petro, que ha sido desmentido por los entes de control del país y hasta por la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, afecta los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, así como la confianza legítima en las instituciones democráticas".
La acción jurídica fue aceptada el pasado 5 de marzo y se citó a las partes a una audiencia pública este viernes 13 a las 8 de la mañana, a la que deberán acudir el Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre; el CNE, la Registraduría y la Procuraduría.
Precisamente el Ministerio Público pidió acceder a las pretensiones que buscan imponer este freno a Petro, considerando que su narrativa pone en duda la transparencia del proceso electoral, especialmente en lo relacionado con presuntos fraudes, manipulación del ‘software’ utilizado en el escrutinio, posibles alteraciones en el kit electoral, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de formularios y tarjetones, y otras consideraciones sobre este proceso.
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Esto, agrega, sin que “exista información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral, incluida la Comisión Nacional de Control Electoral, caso en el cual deberían ponerse a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía todas las fuentes de información y pruebas que sustenten estas afirmaciones”.
