En medio de la puja jurídica entre el presidente Gustavo Petro y el fiscal Mario Burgos, quien llevó por un tiempo el proceso contra Nicolás Petro Burgos, por los señalamientos del jefe de Estado en contra del funcionario judicial, el Juzgado 54 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá tomó una decisión que trasciende a lo económico.
El despacho le impuso al presidente Petro una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, aproximadamente 8,7 millones de pesos, por desacatar un fallo de tutela emitido el 28 de agosto de 2025 y confirmado posteriormente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
En su momento, el juez consideró que los señalamientos de Petro contra Burgos “fueron juicios de valor y opiniones críticas expresadas en el marco del debate público y del ejercicio del control político”.
No es la primera decisión que toma un despacho judicial para frenar los constantes señalamientos del jefe de Estado contra Burgos, los cuales han derivado en órdenes judiciales de rectificación.
En agosto del año pasado, el Juzgado Cincuenta y Cuatro Administrativo de Bogotá resolvió conceder el amparo de los derechos fundamentales al buen nombre, la honra, la integridad personal y la dignidad humana del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, luego de que este interpusiera una acción de tutela en contra del presidente Petro.
En su momento, el tribunal dispuso que el presidente deberá rectificar lo dicho el 4 de febrero de 2025, cuando manifestó que el fiscal Burgos había “sacado de la investigación del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, al sindicado Sebastián Marset” y aseguró que Burgos pertenecía a una banda de narcotráfico. El juez precisó que no existe condena en contra del fiscal, por lo que esas afirmaciones carecen de sustento judicial.
La segunda orden apunta a las publicaciones hechas en X los días 13 de febrero, 3 de junio, 23 de julio y 1 de agosto de 2025, en las que Petro afirmó que Burgos era “un fiscal perteneciente a la mafia del narcotráfico o a la junta del narcotráfico”, que habría alterado la investigación de Marcelo Pecci y que ejerció presión psicológica contra su hijo Nicolás. El fallo indica que esas aseveraciones vulneraron los derechos fundamentales del funcionario.
