Este miércoles el juez 11 penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra el ex director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, por el caso de corrupción de la Ungrd.
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Manrique, exfuncionario del gobierno del presidente Gustavo Petro y también ex secretario distrital de la Alcaldía de Bogotá cuando el mandatario nacional lo fue también local en la capital del país, se encuentra prófugo de la justicia y tiene en su contra circular roja de la Interpol.
La Fiscalía solicitó el año pasado la medida de aseguramiento contra el exdirectivo prófugo y fue decretada el pasado 29 de julio por parte del Juzgado 66 de Control de Garantías de Bogotá.
El exfuncionario responde por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
En la acusación en su contra, radicada en octubre pasado, la Fiscalía advirtió que Manrique y otros implicados “estarían involucrados en el direccionamiento irregular de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques y la atención y prevención de emergencias en La Guajira”.
Los otros involucrados en el escándalo que fueron también llamados a juicio son “el abogado Édgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quienes eran contratistas de la Ungrd; el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez; y el contratista de la Ungrd, Óscar Enrique Cárdenas Angulo”.
Sobre Manrique Soacha el organismo de investigación penal precisó que habría gestionado la entrega de 100.000 millones de pesos de un convenio entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. A cambio de esta labor, solicitó que los contratos que surgieran de estos recursos fueran entregados a oferentes específicos.
“Entre tanto, los demás implicados presuntamente participaron en el direccionamiento de contratos relacionados con la compra de 40 carrotanques pequeños, suministro de plantas desalinizadoras, la puesta en funcionamiento de pozos de agua potables, con sus respectivas interventorías, y una vinculación por prestación de servicios de topografía a nivel nacional”, agrega el reporte.
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Recordó en este sentido la Fiscalía que el contrato asociado con el suministro de carrotanques para llevar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira se suscribió en octubre de 2023, por 29.000 millones de pesos, con la Corporación Mixta Yapurutú. Aquí fueron detectados sobrecostos por 11.114 millones de pesos, de los cuales 3.000 millones de pesos fueron entregados a Manrique Soacha, 2.060 millones de pesos a Riveros Rey y 4.330 millones quedaron en manos de los directivos de Yapurutú.
