Durante seis años, por lo menos unas 45 personas cayeron en las redes de una familia que se dedicaba a estafar prometiendo viviendas a ciudadanos, que atraídos por las facilidades de pago, entregaban sus ahorros a estos delincuentes creyendo que así separarían, por fin, lo que tanto soñaron: un techo propio sin saber que todo se trataba de un engaño.
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De eso dan cuenta las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación que judicializó a los esposos Nelson Guarín Dueñas y Yolanda Lucía Divantoque Gómez, y a su hijo Diego Alejandro Guarín Divantoque como los posibles responsables de engañar a los ciudadanos con falsas ofertas de vivienda en proyectos inexistentes o sin licencias en Duitama (Boyacá).
“Las evidencias indican que presuntamente ofrecían facilidades de pago que hacían atractivas las negociaciones y persuadían a los interesados para entregar dinero destinado a la separación de inmuebles, respaldado por promesas de compraventa que nunca se concretaron. De esta manera, entre 2018 y 2024, se habrían apropiado de 1.536 millones de pesos, por lo menos, 45 personas afectadas”, señaló la Fiscalía.
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Padres e hijo son señalados de cumplir diferentes roles ilícitos para generar confianza en las víctimas y hacer más creíble el engaño: Guarín Dueñas, en calidad de representante legal de una constructora, mostraba a los ciudadanos los predios donde supuestamente se ejecutarían los planes urbanísticos y suscribía los contratos, acciones que reforzaban la apariencia de legitimidad.
Por su parte, la mujer y su hijo Diego Alejandro, al parecer, consolidaban la fachada de credibilidad del esquema al exhibir planos de las unidades habitacionales y asegurar que la documentación contaba con el aval de las entidades competentes.
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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Boyacá los presentó ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de estafa agravada en modalidad de masa, sin embargo, no se allanaron al cargo.
A su vez, Nelson Guarín Dueñas fue cobijado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y su esposa permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso judicial.
