La Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio la tutela de la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, en la que solicitarla libertad en el proceso que se le sigue por presunta corrupción en el caso de la Ungrd.
La exfuncionaria del gobierno del presidente Gustavo Petro asegura en el documento revelado por la revista Semana que se le han vulnerado sus derechos al debido proceso y a la defensa.
Por ello entuteló a la Sala Laboral de la Corte Suprema, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá y los juzgados 26 y 79 penales municipales con funciones de control de garantías de Bogotá.
Argumenta Ortiz que estas instancias no revisaron el recurso de habeas corpus que radicó por considerar que se encuentra encarcelada injustamente desde el 18 de diciembre de 2024.
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Advierte que pese a que desde entonces le fue dictada medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, hasta la fecha no ha comenzado el juicio en su contra.
La exconsejera, señalada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, recibió el pasado 30 de enero un nuevo golpe a sus aspiraciones luego de que la Corte Suprema confirmara la decisión de negarle por “improcedente el amparo de habeas corpus” presentado por su defensa.
