BOGOTÁ. Tras la decisión de la Corte Constitucional de suspender la emergencia económica y los polémicos impuestos que venían con ella, lo que sigue, por supuesto, primeramente es esperar el fallo de fondo sobre lo decretado, pero al mismo tiempo hay varias repercusiones que se abren.
El presidente Gustavo Petro advirtió al conocer la providencia que “si se suspende la recaudación de los nuevos impuestos, que hasta ahora no ha sucedido y espero no suceda hasta el próximo gobierno, crecerá mucho el costo de la deuda y el próximo gobierno tendrá que recaudar muchos más impuestos”.
Se refería el mandatario al decreto 1474 de 2025, que incluía el aumento del IVA a las bebidas alcohólicas y el tabaco, así como el tributo de los juegos de azar, ajuste al impuesto al patrimonio y sobretasa al sector financiero, por ejemplo, pero esto era en el momento en que el alto tribunal no había aclarado que también había suspendido temporalmente esta disposición.
Por ello, Petro posteriormente volvió a blandir la bandera de la controvertida constituyente: “Estamos ante una ruptura real del orden constitucional, solo porque existe un gobierno que es amigo del pueblo trabajador. (...) Ahora viene el salario vital que también ordena la Constitución de Colombia y debe mostrarse la fuerza pacífica y Constituyente del pueblo”.
Por otro lado, desde el Congreso, las mayorías saludaron el fallo de la Corte mientras que se había llamado a continuar el debate de control político, en una tercera sesión, pues el pasado martes la deliberación había quedado con citación de seguimiento para la próxima semana, porque hubo inconformidad sobre las respuestas del Ejecutivo.
Entre tanto, queda en incertidumbre el hecho de qué pasará con los recursos que ya fueron cobrados mientras el decreto estuvo vigente, que según analistas financieros ha podido llegar a ser una suma de $800 mil millones. Y la suspensión del alto tribunal no implica devolución automática, pero este asunto sí lo puede dictaminar la decisión final, aunque la tradición jurídica en Colombia ha sido proteger la estabilidad fiscal del Estado. No obstante, en este caso ya la Corte inauguró una suspensión provisional sobre un estado de excepción, que antes nunca se había dado.
Por ahora, lo que puede ocurrir en el andamiaje económico nacional es que el Estado tenga menor margen de maniobra fiscal, mayor presión sobre el endeudamiento, riesgos de recortes presupuestales, incertidumbre en la ejecución de programas sociales y dificultades en el cumplimiento de obligaciones. Además, el mensaje para los mercados es de inestabilidad jurídica.
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Ahora, en el remoto caso -pues seis de una corte de nueve magistrados dijeron que sí a la suspensión- de que la alta corporación declare exequible la emergencia, los impuestos se reactivarían.
