Un llamado a la protección del sistema sanitario del país lanzó la Superintendencia de Salud tras la confirmación de embargos a entidades del sector que suman alrededor de $2,6 billones de pesos derivada de 291 medidas cautelares.
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“Esta situación representa un riesgo relevante para la sostenibilidad financiera del sistema y para la garantía efectiva del derecho fundamental a la salud, en la medida en que compromete el flujo oportuno de recurso destinados a la prestación de servicios, el pago a hospitales, clínicas, proveedores de medicamentos y demás actores de la red de servicios de salud”, señaló la Superintendencia.
El análisis técnico consolidado con corte al 22 de enero de 2026 evidenció que a la fecha Bogotá, Antioquia (Concordia), Bolívar (Cartagena) y Caquetá (Florencia) concentran el mayor número de embargos registrados.
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Por su parte, Nueva EPS y Coosalud EPS presentan la mayor participación en el valor total afectado por embargos por la red de prestadores públicos y privados que han actuado como demandantes, “lo que refleja tanto el volumen de procesos en curso como la magnitud económica de las reclamaciones acumuladas”.
La entidad estatal reiteró que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tienen naturaleza pública, parafiscal y de destinación específica, y que su utilización debe orientarse “exclusivamente a la financiación de la atención en salud de la población y a la sostenibilidad del sistema”, como se señaló el pasado 19 de enero, en el Concepto Unificado en el que se señala la regla general de la inembargabilidad de los recursos del sistema, con excepciones puntuales y de aplicación restrictiva, definidas por la ley.
“El análisis consolidado de los procesos judiciales de medidas con embargo pone de presente la necesidad de fortalecer de manera urgente la gestión jurídica, administrativa y financiera asociada a estos procesos, así como de realizar constante seguimiento y acompañamiento permanente al impacto que dichas medidas generan sobre la ejecución presupuestal y la destinación específica de recursos públicos del sistema de salud, en el marco de las competencias, tanto de la rama judicial como de la Superintendencia Nacional de Salud”, precisaron.
Por ello hicieron su llamado a la protección de los recursos de la salud, destinados, aseguran, exclusivamente a garantizar la atención en salud de los afiliados y la sostenibilidad del sistema.
