Una decisión trascendental y clave tomó el pasado 15 de enero el Tribunal Federal para el Distrito Norte de Alabama (Estados Unidos) sobre la multinacional minera Drummond Ltd. , con presencia en Colombia.
La decisión tiene que ver con las acusaciones que hizo en su momento el abogado Terrence P. Collingsworth y su organización, International Rights Advocates (IRAdvocates), contra la compañía a quien señalaron de tener vínculos con grupos paramilitares en la región Caribe.
Tras un análisis profundo, el jurado determinó por unanimidad que Drummond fue víctima de falsos testigos, condenando a los demandantes a pagar una suma millonaria por daños.
Condena bajo la Ley RICO y montos indemnizatorios
Más allá de la difamación que concluye el fallo, el aspecto más contundente del fallo se centró en la violación de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida como Ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
El jurado concluyó que los acusados participaron en un patrón de crimen organizado que incluyó extorsión, soborno y manipulación de testigos, fraude electrónico, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. Se determinó que Collingsworth sabía que sus acusaciones eran falsas, o imprudentemente ignoró la verdad, al momento de hacerlas.
Como resultado, el tribunal otorgó a Drummond: US$52 millones por la demanda de difamación y US$68 millones por la demanda bajo la Ley RICO. Según la legislación estadounidense.
El total de la indemnización que deberán pagar los acusados asciende a US$256 millones.
Un esquema de sobornos y falsos testimonios
La evidencia presentada durante el juicio demostró que Collingsworth y su organización ejecutaron una estrategia coordinada de presión reputacional y judicial en EE.UU., Colombia y Europa, sustentada en testimonios falsos obtenidos mediante pagos ocultos.
El jurado halló culpable a Collingsworth de soborno, basándose en pagos no revelados que superaron los US$400.000 a individuos como Jaime Blanco Maya y Jairo de Jesús Charris (alias “El Viejo Miguel”), entre otros, para fabricar pruebas contra la minera.
Además de Collingsworth e IRAdvocates, fueron hallados culpables bajo la Ley RICO sus aliados conspiradores, incluyendo al abogado colombiano Iván Alfredo Otero Mendoza y el empresario holandés Albert van Bilderbeek.
Reacción de la compañía
Tras conocerse el veredicto, Drummond reiteró que este resultado prueba la inexistencia de vínculos con organizaciones al margen de la ley.
“La compañía lleva décadas soportando señalamientos maliciosos y narrativas falsas, que un jurado ahora determinó por unanimidad que eran categóricamente falsas. Que hoy la justicia estadounidense desvirtúa de manera categórica”, declaró Trey Wells, abogado litigante principal de la firma Starnes Davis Florie LLP, que representó a Drummond.
