El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó este martes que presentará denuncias penales contra tres congresistas colombianos por considerar que promovieron una eventual intervención extranjera en el país a través de mensajes difundidos en redes sociales.
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De acuerdo con lo que precisó el jefe de la cartera, la denuncia contra congresistas apunta a JP Hernández, del Partido Verde; Lina María Garrido, de Cambio Radical, y Miguel Polo Polo, congresista independiente.
Según Sanguino, las publicaciones y videos difundidos por los legisladores hacen alusión directa a una posible acción del presidente estadounidense Donald Trump sobre Colombia. Acorde con lo que señaló, esta denuncia la interpondrá a título personal y no como vocero del Gobierno Nacional.
Los argumentos jurídicos de la acción penal
En diálogo con ‘Blu Radio’ Sanguino explicó que la decisión se sustenta en principios constitucionales relacionados con la soberanía y la autodeterminación. En particular, señaló el artículo 9 de la Constitución, así como el artículo 188, que define al presidente de la República como símbolo de la unidad nacional.
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En el ámbito penal, la denuncia contra congresistas se apoya en los artículos 455 y 458 del Código Penal, que tipifican el menoscabo de la integridad nacional y la instigación a la guerra.
Para el ministro, algunas expresiones utilizadas en redes sociales, entre ellas referencias a ver al presidente Gustavo Petro con una “pijama naranja”, trascienden la crítica política y suponen un riesgo institucional.
El límite entre opinión y responsabilidad
Durante la conversación radial surgió el debate sobre la inviolabilidad de la opinión parlamentaria. Aunque la jurisprudencia ha protegido ampliamente el derecho de los congresistas a expresar posiciones políticas, Sanguino sostuvo que en este caso los mensajes se emitieron fuera del ejercicio legislativo formal y durante un receso del Congreso.
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A su juicio, promover desde plataformas digitales una intervención militar extranjera no puede ampararse en la libertad de opinión. Será la Corte Suprema de Justicia la encargada de establecer si estas conductas están protegidas o si configuran delitos.
