La abogada Carolina Restrepo Cañavera pidió tener cuidado al demandar ante el Consejo de Estado el polémico aumento del salario mínimo dictado por el gobierno del presidente Gustavo Petro para 2026.
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“Han surgido voces que llaman a demandar el decreto que fijó el salario mínimo para 2026, argumentando que el aumento del 22,7 % pone en riesgo la estabilidad económica del país. La base de su argumento es la sentencia del Consejo de Estado que anuló el incremento de 2016. Pero cuidado: esa comparación es jurídicamente inexacta, estratégicamente torpe y puede terminar jugando a favor del propio Gobierno”, indicó la experta.
Agregó en este sentido que la sentencia que anuló el aumento de 2016 no lo hizo por el porcentaje ni por sus efectos económicos, sino que, explicó, lo hizo porque el Gobierno de entonces no motivó técnicamente la decisión, como exige el artículo 8 de la Ley 278 de 1996.
“No hubo acuerdo en la Comisión de Concertación, y aun así se expidió un decreto sin estudios, sin exposición de motivos, sin cifras. Fue un acto discrecional y huérfano de sustento técnico. Y por eso fue declarado nulo”, recordó.
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En este caso, añadió, “aunque el aumento haya sido un exabrupto, sí hubo motivación formal. El decreto vino acompañado de estudios del DANE, referencias a la inflación, a la productividad y al PIB. Uno podrá criticar la calidad de los fundamentos, pero no se puede decir que el Gobierno omitió el procedimiento legal. En derecho administrativo, eso hace toda la diferencia”.
“Claro que se puede demandar. Cualquier ciudadano puede interponer una demanda de nulidad. Pero eso no quiere decir que vaya a prosperar. Y presentar una demanda sin sustento serio, solo porque ‘nos parece escandaloso’ el aumento, es una manera de debilitar la oposición, no de fortalecerla. Porque si el Consejo de Estado estudia la demanda y concluye que el Gobierno cumplió con los requisitos legales, así lo haya hecho con cifras exageradas o motivaciones forzadas, el decreto quedará blindado. El Gobierno saldrá a decir que su aumento fue ratificado por la justicia, y quienes impulsaron la demanda quedarán como improvisadores. Peor aún: puede debilitarse el precedente valioso de 2016, usándolo fuera de contexto”, explicó la jurista.
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Por ello comentó que este no es un debate menor y que si se va a hacer oposición seria, hay que distinguir entre lo que molesta y lo que es jurídicamente impugnable: “El populismo no se combate con torpeza técnica ni con arrebatos emocionales. Se combate con cabeza fría, con precisión legal y con argumentos que no se caigan en los estrados. En política, perder una demanda mal planteada no es solo un revés jurídico. Es una victoria para el adversario”.
