El excanciller Álvaro Leyva Durán no aceptó este martes los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación ante una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías como presunto responsable del delito de prevaricato por acción, en concurso homogéneo.
Según el ente acusador, el exfuncionario habría extralimitado sus funciones y, a través de actos administrativos contrarios a la ley, declarado desierta la licitación, negado un recurso de reposición y acudido a la figura de la urgencia manifiesta violando las normas de contratación pública.
“Leyva Durán, en ejercicio de su cargo, habría proferido tres actos administrativos contrarios a la ley para obstruir la licitación 001 de 2023, que tenía por objeto la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por valor de 559.000 millones de pesos” indicó la delegada del ente acusador.
Expuso en detalle sobre lo sucedido que inicialmente, el comité evaluador recomendó entregar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió los requerimientos exigidos. En ese sentido, se citó para la adjudicación pública; pero, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán expidió la Resolución 7485 por medio de la cual declaró desierta la licitación con el argumento de que se presentó un solo oferente.
Agrega el organismo de investigación penal que ante esta decisión, el representante de la unión temporal interpuso recurso de reposición, el cual fue negado por el entonces ministro, a través de la Resolución 7540 del 14 de septiembre. Esta actuación no permitió al recurrente presentar formalmente un documento con sus argumentos y lo obligó a sustentar verbalmente.
Las consideraciones carecían de sustento fáctico y jurídico. El mismo día, Leyva Durán emitió una nueva resolución para declarar la urgencia manifiesta y así permitir que el contrato de pasaportes fuera asignado de manera directa, sin licitación y participación de otros aspirantes.
“Leyva Durán puso en riesgo la emisión de pasaportes, violó el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar del país libremente y a pesar de tener la posibilidad de corregir los errores cometidos al declarar desierta la licitación no lo hizo y ratificó su actuar”.
