En declaraciones a medios de comunicación este miércoles 26 de noviembre, el procurador general Gregorio Eljach advirtió que el general del Ejército Juan Miguel Huertas, así como el funcionario del DNI, Wilmar Mejía, podrían ser suspendidos.
Esto tiene que ver con las revelaciones que indican unos posibles vínculos de estos dos funcionarios con jefes de las disidencias de las Farc, según se evidencia en chats y otros documentos del informe, difundido por Noticias Caracol.
“Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente”, declaró Eljach.
Hay que recordar que desde el Ministerio de Defensa se emitió un comunicado informando que el general Juan Miguel Huertas seguirá en el cargo hasta que se demuestre la veracidad de la información revelada.
“Cuando se compruebe que ha sido culpable, con la información, con la investigación que se haga, pues se tomarán las acciones a que haya lugar de acuerdo a ese nivel”, declaró al respecto el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.
Agregó Sánchez que “el Ejército ha sido muy claro en decir que cuando ocurrieron los hechos el año pasado, julio de 2024, el general Huertas no era activo, había sido retirado tres años atrás”.
El mismo general Huertas ya salió el paso de las acusaciones, asegurando que no tiene ningún tipo de vínculo con las disidencias de las Farc.
“Rechazo de manera tajante, categórica y absoluta cualquier señalamiento que pretenda vincularme con organizaciones armadas ilegales. Niego rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las FARC, ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley”, se lee en el comunicado del general.
Por su parte, Wilmar Mejía, también respondió a las revelaciones, asegurando que son versiones alejadas de la realidad. Indicó que nunca ha recibido instrucciones del presidente Petro, del director de la DNI ni de ninguna autoridad para reunirse con integrantes de grupos armados dentro o fuera del país.
En una carta pública, sostuvo que su trabajo se limita a labores de inteligencia estratégica, sin funciones operativas o militares, y negó haber intervenido en trámites de vigilancia privada, adquisición de armas, creación de empresas de seguridad o acuerdos entre unidades militares y estructuras de las disidencias.
