Las autoridades de Colombia y Ecuador lograron desarticular un caso de secuestro internacional por la rápida acción del Gaula de la Policía y la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase).
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Una joven colombiana, que permaneció retenida por once días en un hotel de Quito, fue localizada después de que lograra enviar un mensaje de auxilio a su madre en Bogotá.
En su comunicación, la víctima compartió su ubicación y alertó que la persona con la que había viajado no la dejaba marcharse, además de amenazarla de muerte. De inmediato, la madre presentó la denuncia ante el Gaula, lo que activó el protocolo de la Comunidad Internacional Policial Contra el Secuestro y la Extorsión (Cipse).
A través de este mecanismo, las autoridades colombianas trasladaron información clave a sus pares ecuatorianos, quienes rastrearon el sitio donde la joven estaba cautiva.
El presunto responsable, identificado como “Jeremy”, tenía un historial delictivo por intimidación, hurto y enriquecimiento ilícito. La joven lo había conocido días antes en una discoteca en Medellín, donde él se ganó su confianza y la convenció de viajar a Ecuador el 7 de noviembre de 2025. Según su testimonio, una vez en Quito fue retenida en contra de su voluntad, amenazada y presionada para casarse con su captor.
El operativo concluyó con la captura de “Jeremy” y el retorno seguro de la joven a Colombia. Tras su liberación, expresó su agradecimiento: “Gracias a la Policía Nacional de Ecuador, al Unase y al cabo de la Policía Nacional de Colombia por ayudarme a recuperar mi libertad y regresar con mi familia”.
Asimismo, otro caso de trata de personas quedó al descubierto en República Dominicana, donde una ciudadana colombiana logró ser rescatada gracias al uso de LibertApp, la aplicación de Migración Colombia que permite activar un botón de pánico para reportar situaciones de riesgo.
La alerta fue enviada por un familiar, lo que facilitó que Migración Colombia y las autoridades dominicanas ubicaran a la víctima en Santo Domingo. Con apoyo del Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas y de la Procuraduría Especializada local, se realizó un operativo en el sector de Hazam Estudio para liberarla.
La mujer, quien pidió reservar su identidad, contó que viajó tras recibir una atractiva oferta laboral de una compatriota. Sin embargo, al llegar le impusieron una deuda de 3.500 dólares y pagos semanales de 150 dólares, además de obligarla a costear vivienda y alimentación. Denunció maltrato, amenazas y explotación sexual, así como la confiscación de sus documentos.
Mientras permanecía en una casa de acogida junto a otras mujeres, presenció violencia con armas, consumo de drogas y múltiples abusos.
