La Procuraduría General de la Nación anunció que investigará los bombardeos ejecutados esta semana por las Fuerzas Militares en zona rural del Guaviare, donde murieron siete menores reclutados por las disidencias de las Farc. El hecho ocurrió en medio de una operación contra estructuras de alias Iván Mordisco.
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El Ministerio Público informó que adelantará la indagación con “serenidad, imparcialidad y rigor”, al tiempo que lamentó la muerte de los adolescentes involucrados en el operativo.
Preocupación por el aumento del reclutamiento infantil
En su pronunciamiento, la PGN rechazó el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, al que calificó de “desmesurado”. Según sus cifras, más de 740 menores han sido vinculados a estructuras criminales entre 2024 y 2025.
“Aun con el subregistro que es evidente en estos casos, entre 2024 y 2025 han sido reclutados más de 740 menores de edad. En el 2024 se presentaron 578 víctimas (351 niños, 227 niñas). 277 de ellos eran indígenas”, señaló la entidad.
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Los departamentos más afectados, de acuerdo con la Procuraduría, son Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Putumayo, Huila, Nariño, Arauca y Guaviare.
El ICBF, por su parte, reportó la recuperación de 370 menores entre 2024 y lo corrido de 2025, con edades entre los 13 y los 17 años. El 70 % de las víctimas serían niños.
Llamado a fortalecer protocolos operacionales
La Procuraduría reconoció la labor de las Fuerzas Militares en la defensa de la seguridad nacional, pero exhortó a revisar y fortalecer de manera permanente los protocolos operacionales para garantizar el respeto al Derecho Internacional Humanitario y los principios de distinción, proporcionalidad y precaución.
También insistió en que las instituciones armadas deben actuar bajo los más altos estándares éticos y jurídicos, en armonía con la protección de la vida y la dignidad de las víctimas.
La entidad fue enfática en su rechazo al uso de menores en la guerra: “Ninguna causa ni ideología puede justificar el uso de menores en la guerra. Este delito infame, además de destruir el tejido social, deja una huella de dolor irreparable”.
Reacciones tras la operación militar
La Defensoría del Pueblo confirmó que siete menores reclutados de manera forzada por las disidencias murieron en el bombardeo y que otros cuatro cuerpos recuperados no han sido identificados. La entidad reiteró que la protección de la niñez es prioritaria incluso en medio del conflicto armado.
Tras el operativo, crecieron las críticas desde distintos sectores políticos. La senadora María Fernanda Cabal cuestionó si la acción militar podía constituir un crimen de guerra.
El presidente Gustavo Petro respondió que “no es un crimen de guerra”, argumentando que no se ocultó información, que existía un riesgo operativo real y que la decisión se tomó para evitar la muerte de los militares que participaban en la operación.
“En la selva no teníamos otro método para defender la vida de los soldados y tomé personalmente la decisión”, afirmó el mandatario.
