En una nueva diligencia judicial, el Juzgado 18 Penal del Circuito de Bogotá escuchó el preacuerdo alcanzado entre la Fiscalía General de la Nación y Aida Merlano por el delito de fuga de presos.
Le puede interesar: Nuevo informe revela que Colombia es el segundo país de América Latina con más interferencia de la industria tabacalera
La excongresista conservadora, condenada por compra de votos en 2018, protagonizó en octubre de 2019 una de las evasiones más mediáticas del país, al escapar de un consultorio odontológico en el norte de la capital descendiendo por una cuerda desde un tercer piso.
Durante la audiencia preparatoria, Merlano tomó la palabra y, visiblemente conmovida, dijo sentirse en paz en el centro de reclusión militar donde permanece.
Vea aquí: Gremios energético advierten que proyecto de ley para bajar tarifas tendría un efecto contrario
“Ahora mismo yo tampoco quiero salir de donde estoy porque me siento tranquila... no me arrepiento de haberme fugado porque no me arrepiento de eso. Me arrepiento de haber cometido errores, entre esos los delitos que me llevaron a estar privada de la libertad por primera vez”, afirmó entre lágrimas.
El caso que marcó la carrera política de Aida Merlano
Merlano, quien en el pasado integró el Congreso de la República, fue condenada por corrupción electoral y posteriormente procesada por su fuga, ejecutada con la ayuda de terceros, entre ellos particulares y funcionarios del Inpec, según determinó la Fiscalía.
Lea también: Fiscalía reveló el motivo detrás del crimen de Jaime Esteban Moreno
El ente acusador señaló que la excongresista utilizó guantes y una cuerda para descender hasta un parqueadero, donde la esperaban cómplices. Su escape fue considerado un acto planificado que puso en evidencia fallas estructurales en el sistema penitenciario.
La Procuraduría consideró que el preacuerdo entre la Fiscalía y la defensa de Merlano cumple con los requisitos legales. Sin embargo, será el próximo 5 de diciembre cuando la jueza del caso determine si avala o no el documento que podría definir el futuro judicial de la excongresista.
