Antes del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, el último candidato presidencial asesinado en el país fue Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador, baleado el 2 de noviembre de 1995 a la entrada de la Universidad Sergio Arboleda, al norte de la capital del país, dónde era profesor.
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Gómez Hurtado fue además constituyente y periodista, y es recordado por su propuesta de buscar un acuerdo sobre lo fundamental entre distintas orillas políticas del país.
Sin embargo, el proceso judicial del esclarecimiento de su magnicidio se ha visto enredado por acusaciones cruzadas y desvíos de la pesquisa, y por eso aún no hay una condena en firme contra los autores materiales o intelectuales.
En medio del caso fue condenado un oficial de la Policía, pero el proceso terminó con decisión de preclusión ante falta de pruebas.
Por ello, diversas voces han pedido que el asesinato de Gómez Hurtado sea declarado crimen de lesa humanidad, para que no prescriba y se puedan reabrir investigaciones.
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Lo más reciente en el expediente tiene que ver con que hace un mes la JEP indicó que estudiará una apelación presentada por la familia del inmolado, la cual pide que la investigación vuelva a la Fiscalía.
El pasado mes de julio, la JEP anunció que en un comunicado que vinculaba al Caso 10 la investigación de la presunta responsabilidad de las FARC por los homicidios de Álvaro Gómez, Jesús del Cristo Huertas, Pablo Guarín, Jesús Antonio Bejarano, Fernando Landazábal y Hernando Pizarro y, en el Caso 05, el de José Fedor Rey.
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Recordó en este sentido el tribunal de paz que en 30 años, seis de los siete homicidios no han sido esclarecidos por la justicia ordinaria.
“Esta decisión no anula la competencia de la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para investigar los hechos en los que hay más de una hipótesis sobre los posibles responsables”, precisó la Jurisdicción.
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Sin embargo, la familia del líder político alega que no cree en esa versión en que la extinta guerrilla de las FARC se adjudicó el crimen, por lo que pide sea revocada la decisión en la cual la Jurisdicción Especial para la Paz asume competencia.
En el Caso 10, según la JEP recordó, se investigan los crímenes más graves y representativos cometidos por las extintas FARC.
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En 2020, como parte de sus Aportes Tempranos de Verdad (ATV), siete exintegrantes del Secretariado de las FARC reconocieron, a nombre de la antigua guerrilla, haber cometido estos crímenes. Julián Gallo Cubillos, conocido como ‘Carlos Antonio Lozada’, reconoció en particular su responsabilidad individual como mando de la Red Urbana Antonio Nariño (RUAN) por los homicidios de Gómez Hurtado, Huertas Hastamorir, Landazal Reyes y Pizarro Leongómez. Por su parte, José Nicolás Hurtado, conocido como ‘Carlos Huevo’, reconoció responsabilidad individual y directa por el homicidio de Bejarano Ávila.
Gómez Hurtado fue también fundador del Movimiento de Salvación Nacional, fue congresista en múltiples periodos, y tres veces candidato a la Presidencia. En 1990, fue elegido como uno de los tres copresidentes de la Asamblea Nacional Constituyente. También fue periodista y director del diario El Siglo. Y fue secuestrado por la guerrilla del M-19.
