Las autoridades destruyeron 3,8 toneladas de material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las antiguas FARC con la que el Gobierno negocia la paz, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador.
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Durante el acto en el que se mostró la destrucción de las armas, el presidente colombiano, Gustavo Petro, señaló que mientras en otros lugares se lanzan bombas, en su país se busca que “no estallen”.
“Lo que aquí hacemos es estallarlas para que haya paz, sin matar a nadie”, expresó el mandatario, quien agregó: “Estamos construyendo seguridad humana. La seguridad humana no se mide en muertos, se mide en vidas y entre menos muertos, mejor”.
El comandante del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos (Marte) de la Sexta División del Ejército, capitán Jonathan Chaparro, señaló que entre lo destruido había tres toneladas de nitrato de amonio y combustible con las que se podía fabricar unas 12.000 minas, 200 granadas y 15.000 cartuchos de munición.
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“La importancia de la destrucción de este material de explosivos y municiones es la de salvar vida tanto de la población civil como las propias tropas”, agregó el capitán Chaparro.
Con este acto comenzó la destrucción progresiva de 14 toneladas de material de guerra que la CNEB, surgida de la escisión de otra disidencia conocida como Segunda Marquetalia, entregó al Gobierno como gesto de paz en los departamentos de Putumayo y Nariño.
Este proceso es verificado y acompañado por la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), la Fuerza Pública y la Consejería Comisionada de Paz.
La CNEB reúne a los Comandos de la Frontera y la llamada Coordinadora Guerrillera del Pacífico, grupos que siguieron los diálogos de paz con el Gobierno luego de escindirse de la Segunda Marquetalia el año pasado.
Justamente a los Comandos de Frontera se les atribuyó el pasado 9 de mayo un ataque que dejó doce muertos, entre ellos once militares, y un herido en la Amazonía ecuatoriana, aunque ese grupo armado negó ser el autor de ese ataque.
La decisión de entregar las armas fue tomada durante una reunión de la Subcomisión de Garantías de Seguridad de la mesa de negociaciones, celebrada en julio pasado en el resguardo indígena Inda Zabaleta, del municipio de Tumaco, en Nariño.
En abril pasado, el Gobierno también destruyó una tonelada de armamento del Frente Comuneros del Sur, una disidencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), como parte de otra negociación de paz.
