Todo parece indicar que las protestas pro Palestina que tuvieron lugar el pasado miércoles frente a las instalaciones de la ANDI no fueron espontáneas como decían quienes las convocaron o al menos eso es lo que denuncia el concejal de Bogotá, Daniel Briceño.
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El dirigente político señala a un contratista de la Presidencia de la República de estar detrás de las movilizaciones. Sería Juan Camilo Villalobos Forero, quien apoya en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
“Juan Camilo Villalobos una de las personas que convocó el hostigamiento contra la ANDI ayer en Bogotá es contratista de la Presidencia de la República. Aún así, amigos del gobierno anti empresa dicen que lo de ayer fue una “acción espontánea del movimiento social”“, cuestionó el concejal bogotano.
Incluso mostró que por una de las “evidencias” de la ejecución de su contrato en la que se observan a varias personas sosteniendo fotografías propalestina. Devenga nueve millones mensuales y el valor total del contrato supera los $96 millones.
“Literalmente los colombianos le pagan por hacer activismo pro Palestina. Recuerden que el señor Villalobos está detrás del hostigamiento a la ANDI”, criticó Briceño.
Y es que el pasado miércoles cientos de personas se concentraron a las afueras de las instalaciones de la agremiación empresarial con el fin de rechazar la detención de las colombianas Luna Barreto y Manuela Bedoya quienes iban a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.
La protesta se concentró en ese lugar pues, aseguran los manifestantes, esa asociación “sostiene vínculos con la misión económica de Israel en Colombia y el sector minero que legitima las relaciones comerciales con el estado sionista”.
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Frente a estos hechos, el Consejo Gremial en un comunicado aseguró que este tipo de actos ponen “en riesgo la vida y bienestar de los colombianos”.
“El asedio ejecutado el día de hoy contra los empleados de la Asociación Nacional de Empresarios - ANDI- y sus familias en Bogotá D.C., Cali y Medellín es un acto inadmisible que amenaza su integridad y libertades individuales”, advirtieron un día después de las movilizaciones.
Manifestaron que el respeto a los derechos de los ciudadanos “no puede estar subordinado a los intereses electorales de actores políticos. Quienes asumen este comportamiento demuestran un desprecio evidente por la convivencia pacífica entre los ciudadanos”.
