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La Procuraduría adelanta al parecer una averiguación por el polémico contrato de 5 millones de dólares entre Ecopetrol y la empresa Covington & Burling para medir el impacto de las investigaciones contra Ricardo Roa, presidente de la estatal petrolera.

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Según reportó la emisora Blu Radio, los miembros de la junta directiva de petrolera, Álvaro Torres y Guillermo García Realpe, estarían bajo la lupa del Ministerio Público.

“La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal vinculó formalmente a Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe. Ambos podrán rendir versión libre en el Ministerio Público dentro del proceso”, se lee en el informe periodístico.

En el auto citado por el reporte se lee al respecto que “revisadas las actas 450 y 270 de mayo 22 de 2024, de la Junta Directiva de Ecopetrol y del Comité de Auditoría y Riesgos de la junta, se tiene que, se dejó consignada la recomendación realizada para la creación de una comisión especial integrada por Luis Alberto Zuleta, Álvaro Torres Macías y Guillermo García Realpe, cuyo rol sería supervisar las actividades del estudio que adelantará el asesor externo y participar en las discusiones estratégicas sobre la ejecución de este”.

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Aparentemente, a través de este contrato, también se habría realizado una inspección a las comunicaciones de algunos funcionarios de la empresa estatal.

Esto luego de las pesquisas que habría anunciado el ente de control disciplinario en contra de Alberto José Vergara, Luis Felipe Rivera y Ludwig Wilson Mejía, se lee en el informe.