El expresidente Juan Manuel Santos señaló que entiende la “frustración” del país por las “débiles” condenas que impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al último mando de las FARC, por los más de 21.000 secuestros cometidos por esa guerrilla entre 1993 y 2016, pero resaltó que ese fue un compromiso del Estado.
De igual manera, indicó este jueves en entrevista con Mañanas Blu, que la primera condena emitida por la JEP es “un hito histórico”, ya que “nunca los máximos responsables de una guerrilla se habían confrontado con las víctimas, pedido perdón, dicho la verdad y sido sancionados por crímenes de guerra y de lesa humanidad”.
Sin embargo, admitió que para muchas víctimas la sanción de ocho años en trabajos restaurativos no satisface las expectativas de justicia plena, pese a que el modelo de justicia transicional acogido en Colombia responde a estándares internacionales.
“Yo siento también el dolor de las víctimas que reclaman que quien mató a su hijo pague solo con sanciones restaurativas. Pero de eso se trata la justicia transicional, y es un sapo que tenemos que tragarnos si queremos la paz”, añadió al medio antes citado.
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El expresidente aseguró también que la sentencia de la JEP contra los siete exjefes de las extintas Farc “es un sapo que tenemos que tragarnos para alcanzar la paz”.
“Si hay un acuerdo blindado jurídicamente e internacionalmente es el acuerdo de paz con las FARC. La CPI ayudó a establecer los parámetros y el Consejo de Seguridad de la ONU lo ha apoyado unánimemente”, destacó Santos, refiriéndose a la firma del acuerdo en 2016, del cual el exmandatario fue artífice.
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Por otra parte, Juan Manuel Santos mencionó en la entrevista que “las disidencias son bandas criminales que se han fortalecido por la falta de implementación del acuerdo. Este gobierno les dio un estatus político que no se merecen”, añadió sobre el rearme de algunos excombatientes.
Asimismo, el expresidente subrayó que el 85% de los firmantes sigue cumpliendo con lo pactado, lo que a su juicio confirma la solidez del proceso pese a los incumplimientos estatales en materia de seguridad territorial y sustitución de economías ilegales.
