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Pedro Andrés Rodríguez Melo, ex asesor de Olmedo López, y también involucrado en el escándalo de corrupción de la UNGRD, será testigo de la Fiscalía General de la Nación, gracias a un acuerdo para principio de oportunidad.

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El acuerdo señala que Rodríguez Melo, procesado por haberse apropiado de $1.000 millones del negocio de los carrotanques de La Guajira, debe declarar en contra de 13 presuntos implicados en el direccionamiento de contratos.

La lista incluye a Camilo Romero, ex gobernador de Nariño, ex embajador de Colombia en Argentina, y actual precandidato presidencial.

Rodríguez mencionó en la investigación a Romero. Dijo que este llegó a la UNGRD recomendado por el ex gobernador. Se comprometió a declarar en el juicio que adelanta la Corte Suprema de Justicia en contra de Romero por presuntas irregularidades en contratos cuando estuvo al frente de la Gobernación de Nariño.

En el documento se le acusa a Romero de ser el “actor fundamental en la intervención ilícita del proceso de regulación del sistema de venta comercialización de aguardiente en el departamento de Nariño desde la gobernación en el año 2016. Señalará que ROMERO GALEANO, en su calidad de gobernador, garantizo la adjudicación del negocio a RICHARD PORTILLA como parte de un compromiso adquirido con éste durante la campaña electoral de 2015, en la que el último habría realizado aportes económicos y en especie. Indicará que, para concretar este favorecimiento, se estructuró un esquema de manipulación normativa y administrativa que permitió direccionar la adjudicación en favor de PORTILLA”.

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El caso en contra de Romero tiene que ver con presuntas irregularidades en la selección de la empresa que se encargaría comercializar 80 mil cajas de licor en el año 2026. Se investiga porque al parecer el contrato se adjudicó a la Organización de Licores de Nariño S.A.S. sin realizar el proceso de selección.

Los delitos por los que se investiga a Romero son falsedad ideológico en documento público, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de un delito.