El Ministerio de Defensa, en cabeza de Pedro Sánchez, informó este lunes que el Gobierno nacional está analizando medidas para enfrentar la “problemática” de asonadas contra la fuerza pública, teniendo en cuenta que ya son 32 las registradas en lo que va del año.
La más reciente asonada ocurrió el pasado domingo 7 de septiembre en zona rural del municipio de El Tambo, Cauca, donde unas 600 personas -según información del Ejército- participaron en el secuestro de 45 militares que llevaban a cabo una operación para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales en la zona. Los soldados fueron liberados el lunes.
En ese sentido, mindefensa reveló que el Gobierno “está revisando las reglas de encuentro por parte de las Fuerzas Militares y también las medidas de actuación de la Policía Nacional ante este tipo de eventualidades, las cuales constituyen un crimen de lesa humanidad al violentar derechos protegidos por el DIH”.
El ministro Pedro Sánchez sostuvo que “cuando obstruyen la función pública están poniendo en riesgo el cumplimiento de la misión constitucional (…) además de ello, están poniendo en grave riesgo la seguridad de las comunidades, porque las operaciones donde vamos nosotros es donde hay peligro y donde hay alertas tempranas”.
Anunció que su despacho está estudiando cómo algunos países vecinos ajustaron la normatividad operacional con el propósito de hacerle frente a este tipo de delitos “que en Colombia viene siendo cometido principalmente por los carteles de narcotráfico de alias Calarcá y alias Mordisco”.
“Se está valorando cómo aplican otras naciones las reglas de encuentro, en la cual determinan un área de supervivencia vital de la Fuerza Pública”, explicó al referirse a una ley de emergencia creada en Perú para proteger la integridad de soldados y policías ante posibles ataques letales o secuestros.
El jefe de la cartera de Defensa también hizo un llamado a la ciudadanía para que manifieste indignación y rechazo social frente al accionar criminal dirigido a los integrantes de la fuerza pública.
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“Quien toque a un policía o un militar está tocando y atacando a una institución y está atacando, por ende, a Colombia”, aseveró.