La JEP informó en un comunicado que el coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, ex comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en Valledupar, no reconoció su responsabilidad frente a los hechos que le imputó la Sala de Reconocimiento de Verdad en 2021, en el marco del Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado o mal llamados ‘falsos positivos’.
Al finalizar el juicio, la magistrada Reinere Jaramillo concedió el uso de la última palabra al acusado, quien no aceptó los cargos. Ante este escenario, ahora la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad deberá emitir la sentencia en los próximos 60 días hábiles.
“Honorables magistrados, gracias por las garantías y por la forma en que adelantaron este juicio. Distinguida audiencia, víctimas, no soy su victimario. Hubiera sido fácil decir: ya pagué ocho años, acepto. Pero entre hacer lo que me conviene y hacer lo correcto hay una diferencia muy grande. En estos 19 años perdí mi carrera, estuve 10 años en prisión preventiva, perdí todo lo que más he querido; me aporrearon, me maltrataron a mí y a mi familia; me cerraron todas las posibilidades laborales. Me llevaron a La Picota estando uniformado como coronel. Ha sido un viacrucis. Pero después de haber perdido todo, me quedan tres cosas: una, la verdad; dos, mi honor de soldado de Colombia; tres, mi dignidad ciudadana. Y eso no es negociable. No acepto los cargos”, dijo Mejía en la audiencia.
Ahora el tribunal de paz definirá si el coronel (r) es declarado responsable o no de los crímenes por los que fue acusado. Será una decisión judicial sustentada en las pruebas, los testimonios y los alegatos presentados a lo largo del juicio. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de privación efectiva de la libertad tal como lo establece la constitución y la ley.
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El fiscal 5° de la Unidad de Investigación y Acusación, Samuel Serrano Galvis, sostuvo que el coronel (r) Mejía Gutiérrez estructuró un aparato ilegal de poder al interior del Batallón La Popa, en alianza con el frente Mártires del Cesar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Según sus alegatos, esta alianza permitió la comisión sistemática de asesinatos de civiles, quienes luego eran presentados como bajas en combate.
El fiscal recordó que en este caso se investigan 35 hechos que dejaron un total de 72 víctimas, y solicitó a la magistratura imponer la pena máxima contemplada por esta jurisdicción: 20 años de privación efectiva de la libertad. “Voy a utilizar mis últimos minutos a manera de homenaje a las víctimas, porque hay que devolverles su dignidad (…) Más de 20 años tuvieron que esperar que estuviéramos en este momento”, expresó Serrano al leer uno a uno los nombres de las víctimas.
Entre tanto, los representantes de las víctimas coincidieron en que el Mejía Gutiérrez no fue un simple oficial atrapado en la lógica de la guerra, sino el arquitecto de un aparato criminal con capacidad de mando y control. “El acusado dirigió una estructura que operó para asesinar civiles y presentarlos como bajas legítimas. No fue un exceso, fue una política ilegal”, afirmó el abogado Sebastián Escobar.
Por su parte, la abogada Daniela Rodríguez señaló que los crímenes afectaron principalmente a jóvenes campesinos, trabajadores y miembros de comunidades étnicas. “El Ejército los traicionó. No fueron errores ni hechos aislados: fueron prácticas sistemáticas que destruyeron familias y comunidades enteras”, expresó.
Ambos representantes solicitaron a la magistratura imponer la pena máxima contemplada por la JEP: 20 años de privación efectiva de la libertad.
