Condena a Uribe: se inicia una nueva batalla jurídica con efectos políticos

La condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe a 12 años de prisión domiciliaria abre dos campos de batalla para las partes enfrentadas y sus seguidores y contradictores: el jurídico, que sigue ahora con la segunda instancia en el Tribunal Superior de Bogotá, que confirmará, revocará o modificará la sentencia; y el político, en medio del escenario electoral de las presidenciales y legislativas del año entrante.

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Al respecto, la abogada penalista Luisa Fernanda Caldas le dijo a EL HERALDO que “indiscutiblemente es un asunto de carácter jurídico y de carácter político de cara al tribunal y de cara al proceso, tiene que ser una discusión exclusivamente jurídica en la medida en que los jueces están obligados a fallar en derecho. Entonces, frente a lo que se discuta en el tribunal, todos esperamos, y estoy segura de que no va a haber ningún tipo de interferencia de carácter político en la decisión, sino que los magistrados van a fallar en derecho”.

Pero claro, señala, “existe la contracara de la batalla política y creo yo que tendría uno que ser muy ingenuo para pensar que, ante la condena de un expresidente, que es la única incluso que ha sucedido en el país, no vayan a utilizar los partidos políticos esa información en su favor y en contra”.

Agrega la catedrática de la Universidad Externado en este sentido que “necesariamente, de cara a las elecciones de 2026, lo que va a suceder es que la información del proceso, que evidentemente ha sido pública, es una información que va a ser utilizada por ambos partidos: el de Gobierno, que claramente está involucrado dentro del proceso con el senador (Iván) Cepeda, y el partido de oposición que está involucrado por el lado del expresidente Uribe: cada uno de ellos con seguridad hará uso de esa información para buscar un rédito político”.

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Concluye por ello que “así como uno espera que en los tribunales se falle en justicia, y seguramente así será, pues uno también espera que en la política ese tipo de situaciones se utilicen, porque así ha funcionado la política siempre, entonces serán dos batallas paralelas”.

Entre tanto, el ex decano de derecho de la Universidad Nacional, Óscar Mejía, comenta a este diario: “Yo soy de la escuela en teoría del derecho de lo que se conocen como estudios críticos legales, que ha considerado que toda decisión judicial siempre es política e ideológica, y tal vez habría que aclarar que aunque así sea, la pregunta es qué tanto en derecho ha sido o no: creo que la condena al expresidente Uribe es una decisión que intenta ser en derecho y eso no quiere decir que no haya sido política e ideológica, y que la jueza de manera muy valiente intentó cumplir los parámetros jurídicos más rigurosos y estrictos y a partir de ahí fue su decisión”.

Dicho esto, añade el analista político, “por supuesto la izquierda ha tratado de reconocer la decisión en derecho y no darle una connotación política, pero la derecha ha querido mostrar que la decisión fue política e ideológica, y creo que esa condición va a seguir alimentando la polarización en el país: la izquierda va a defender -incluso contra sus propias convicciones porque siempre ha sostenido que los jueces en especial en este gobierno han tomado decisiones políticas contra el gobierno, en especial las altas cortes-, que la decisión ha sido lo más imparcial, neutra y objetiva que podía ser, pero ahora va a ser la derecha la que en contra precisamente de sus convicciones -porque siempre ha defendido al poder judicial y sus decisiones contra el Gobierno-, ahora va a sostener que en este caso la decisión fue política e ideológica: es una situación bien paradójica, donde los argumentos se están trastocando”.

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Puntualiza el posdoctor en derecho y doctor en filosofía del derecho que “la condena de Uribe entra a jugar como un elemento más en la campaña en que ya estamos, y a la derecha podríamos decir que le viene como anillo al dedo la condena; casi que podríamos decir que la estaba esperando, porque en el contexto actual de una derecha tan segmentada y tan rota, sin que sea claro cuál pueda ser su candidato, el argumento de la condena a Uribe va a ser un aglutinador incluso para sectores de centro derecha, que es lo que en este momento están tratando de ganar para una gran coalición”.

Y por el otro lado, la izquierda, anota: “Va a tener que entrar también en una defensa de la rama judicial y va a tener que asumir posturas muy ambivalentes, porque las altas cortes van a seguir golpeando al Gobierno, y la izquierda va a seguir defendiendo a la jueza”.

La decisión profundiza la división en el país y desata una tormenta de tensiones entre sus seguidores, que denuncian una persecución política, y sus detractores, que consideran el fallo un hito en la lucha contra la impunidad.

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El llamado ‘juicio del siglo’ ha agrandado la polarización entre izquierda y derecha, que este sábado discuten en las redes sociales si la pena impuesta es justa, si la jueza Sandra Heredia actuó conforme al derecho, si Uribe merece continuar en libertad hasta que el fallo quede en firme o si la condena tuvo motivaciones políticas, en una polémica que parece no tener fin.

El ‘juicio del siglo’ en el país partió en dos el pasado viernes la historia judicial colombiana al imponer en primera instancia la condena contra el expresidente Uribe, quien consideró “sesgado” el proceso y la sentencia de la jueza Sandra Heredia, que el pasado lunes leyó partes del extenso fallo de 1.114 páginas que convirtió a Uribe en el primer expresidente colombiano condenado penalmente, y que el viernes anunció una pena superior a la esperada, que era de entre cuatro y ocho años de cárcel.

Heredia dictó contra Uribe además una multa de más de $3.400 millones y lo inhabilitó por más de ocho años para el ejercicio de funciones públicas por fraude procesal y soborno en actuación penal.

“Dios quiera, Dios me dé fuerzas (...) para que yo resista todas estas dificultades para seguir en lo que quiero, en la lucha por Colombia”, manifestó el expresidente en una larga intervención después de conocer la sentencia en su contra.

La jueza lo absolvió de un tercer delito, de soborno simple, y le concedió al expresidente de 73 años el beneficio de cumplir la condena en régimen domiciliario, aunque de inmediato ordenó su detención, un extremo que usualmente se hace en instancias posteriores, cuando la condena queda en firme.

Con ese propósito, la jueza notificó al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para que expida “la correspondiente boleta de encarcelación” y proceda al “traslado inmediato” de Uribe a su domicilio, donde ya estaba el hoy condenado para asistir de manera virtual a la lectura de la sentencia.

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“Y me niegan el derecho a permanecer en libertad. Una de las razones para negarme el derecho a permanecer en libertad es que es para evitar violencia”, reclamó Uribe en su intervención.

El expresidente, en tono indignado, explicó que “en el ejercicio de libertad” recorre el país y participa en foros en los que expresa “con franqueza” lo que su corazón “siente sobre Colombia”.

“Doy las razones de oposición a este gobierno, pero jamás, jamás mi partido, los afines, mis compañeros dirigentes de la política, han sido incitadores de la violencia. Eso es, señalarnos de incitadores de la violencia”, indicó sobre la restricción de su libertad.

Uribe, fundador del Partido Centro Democrático, criticó la actuación de la jueza no solo por la dureza de la sentencia, sino porque considera que no hay pruebas para condenarlo en este proceso que lo enfrenta al senador Cepeda, quien desde hace años denuncia los supuestos vínculos del expresidente con los grupos paramilitares.

“Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la Justicia nacional, los órganos competentes y la Justicia internacional”, manifestó el exmandatario.

Uribe, un referente de la derecha en América Latina por su lucha de toda la vida contra la antigua guerrilla de las FARC y en años más recientes contra el “castrochavismo”, enfatizó que la condena en su contra tiene tinte político y se tomó sin pruebas.

La sentencia hace parte de un proceso que el mismo Uribe inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.

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Sin embargo, el magistrado del caso no solo desestimó esa denuncia, sino que ordenó investigar al expresidente por intentar “comprar” falsos testigos en cárceles, por medio del abogado Diego Cadena, con quien mantenía contacto, para que declararan en contra de Cepeda.

Contra esta condena cabe el recurso de apelación, que la defensa confirmó que presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá el próximo 13 de agosto, acogiéndose a una ampliación en dos días del plazo que determina la ley y que inicialmente terminaba el lunes 11 de agosto.

Entre tanto, el Partido Centro Democrático convocó a una marcha el próximo 7 de agosto en respaldo al expresidente Uribe, llamando a sus simpatizantes a movilizarse “en todos los rincones del país” en defensa del exmandatario.

Luego de que Petro publicara en mensaje a Uribe: “(...) Bolívar nos enseñó que los colombianos somos libres y soberanos, que no hay reyes, sino repúblicas, que el soberano es el pueblo y no el patrón. García Márquez nos enseñó de los otoños del patriarca”, el Centro Democrático le respondió: “Usted no es Bolívar, ni García Márquez, ni mucho menos un libertador. Si algo lo describe bien, es el patriarca otoñal aferrado al poder mientras el país se le desmorona entre las manos. ¿Habla de libertad? Pero ataca la prensa, la justicia, la propiedad privada, la inversión y hasta a los abuelos que se jubilan en el campo”.

El Colegio Colombiano de Juristas expresó su “preocupación por los alcances y efectos” de la sentencia de primera instancia contra el expresidente Uribe. Así lo manifestó la institución en un comunicado en el que fija su posición sobre el fallo en tanto que “plantea serios interrogantes de relevancia constitucional sobre la observancia de garantías judiciales esenciales en un Estado social y democrático de derecho”.

“En el caso examinado, preocupa de manera especial la afectación de derechos como la privacidad de las comunicaciones abogado-cliente, la imparcialidad e independencia judicial, la publicidad de las actuaciones, el derecho a la valoración de las pruebas solicitadas por la defensa y la proporcionalidad en la imposición de penas y medidas restrictivas de la libertad”, puntualizó la información.

El Colegio remarcó que “el secreto profesional que ampara la relación abogado-cliente no es un privilegio, sino una garantía de toda persona a una defensa libre, eficaz e independiente”. “Su desconocimiento constituye un retroceso histórico en la protección de los derechos fundamentales y atenta contra la esencia misma de nuestra profesión”, aseguró el Colegio. Igualmente, cuestionan el fallo –de más de mil páginas– porque “plantea un problema de proporcionalidad y eficacia en la motivación judicial”, al tiempo que recalcan que “la claridad, concisión y coherencia no son requisitos accesorios; integran el debido proceso y el principio de publicidad, pues permiten a las partes y a sus defensores ejercer cabalmente los recursos y derechos”.