Un grupo de 38 juristas expresó su “profunda preocupación y desconcierto” por la decisión de la Juez 44 Penal del Circuito de Bogotá de ordenar la privación inmediata de la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, sin que exista sentencia en firme.
En un comunicado público, el denominado “Grupo de los 38” argumenta que la medida contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y los principios constitucionales, al no cumplir con los requisitos legales que justifican la detención preventiva.
Le recomendamos: Fiscalía condena a Manuel Ranoque a 32 años de cárcel por abuso sexual contra su hijastra
Los juristas, entre quienes figuran destacados abogados como José Vicente Ángel, Pablo Arteta, Jorge Luis Barone y Germán Calderón España, sostienen que la privación de libertad antes de la ejecutoria de una sentencia solo se justifica en tres casos específicos: asegurar la comparecencia del acusado, evitar la fuga o impedir la obstrucción de la justicia.
“De acuerdo con estos parámetros, no existen en derecho motivos legítimos que justifiquen la privación de libertad del señor expresidente Uribe”, afirma el comunicado.
El grupo critica especialmente que la sentencia haya fundamentado la decisión en supuestos “actos dilatorios” de la defensa, argumentando que el ejercicio del derecho de defensa “no puede ser interpretado como una estrategia dilatoria que justifique la detención preventiva”.
Los abogados consideran “absolutamente inadmisible” que se invoque el riesgo de fuga como justificación, cuando según ellos “se ha demostrado de manera fehaciente que el acusado concurrió sin falta a todas las audiencias y citaciones judiciales”.
Además, denuncian una “clara vulneración del principio de igualdad ante la ley”, argumentando que en casos similares los acusados tienen la posibilidad de defenderse en libertad.
Le sugerimos leer: Enfrentamiento armado en Uramita deja tres militares heridos y el cierre temporal de la vía a Urabá
El comunicado va más allá de los aspectos jurídicos y denuncia lo que considera una “politización del juicio”. Los juristas afirman que la decisión “no responde a razones estrictamente jurídicas” y “pone en duda la imparcialidad del juez”.
“El Estado democrático de Derecho acusa una mortal amenaza si se permite que la justicia sea utilizada con fines ruines como, por ejemplo, servir de instrumento de persecución política”, concluye el documento.
El grupo hace un “respetuoso pero firme y urgente llamado a las instancias superiores del poder judicial” para que revisen la decisión “con independencia, imparcialidad y rigor jurídico” y tomen las medidas necesarias para restablecer los derechos fundamentales que consideran vulnerados.
