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Se cumple este viernes en la capital del país la última audiencia previa en la JEP para la emisión de sentencias restaurativas en contra del último secretariado de las desmovilizadas FARC por los secuestros perpetrados.

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Al respecto, el magistrado Camilo Suárez, sobre la importancia del proceso que viene en la Jurisdicción con las Sentencias Propias, admitió que “el país y la comunidad internacional nos reclaman las sentencias. Sí, son una consecuencia, pero hemos tomado el tiempo necesario para lograr el objetivo de escuchar. Este es un momento histórico en el diseño de la justicia colombiana, donde las víctimas tienen la oportunidad de ser escuchadas, no solo a lo largo del procedimiento, sino especialmente hoy, cuando podrán hacer sus propuestas y presentar sus reclamaciones”.

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El magistrado ponente del caso también se refirió al alcance de la reparación, y explicó que esta no se reduce únicamente a los cuatro proyectos restaurativos presentados: “Inclusive desde el punto de vista presupuestal, tiene sus ritmos y vigencias. Y entendemos, como sección, que los proyectos restaurativos van a tener que ir recomponiéndose a lo largo de la sentencia. Ese documento que ustedes recibieron ayer, en últimas, lo entendemos como una muestra de que las Sanciones Propias serán el resumen de múltiples Toar, no exclusivamente de estos cuatro proyectos que estamos realizando. Pero esos proyectos vienen como propuesta de los comparecientes y, fundamentalmente, buscan restaurar y permitir que los comparecientes tengan su oportunidad de reintegración y de reincorporación”.

JEP

Este viernes la audiencia continúa con el análisis de los compromisos de reparación y los proyectos restaurativos priorizados en el proceso judicial, en conversación con las víctimas. Participan víctimas, entidades del Estado, comparecientes del último secretariado de las FARC y sus representantes judiciales.

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Esta audiencia es el paso previo a la emisión de una sentencia en el Caso 01 por los secuestros. En ella se definirá la situación jurídica de siete comparecientes que reconocieron su responsabilidad por estos y otros crímenes cometidos en el contexto del cautiverio, como desaparición forzada, homicidios, desplazamientos, torturas, esclavitud e incluso violencia sexual.