La policía española desmanteló una trama de prostitución en el sur de España, en una operación en la que fueron liberadas 15 jóvenes colombianas y venezolanas que eran explotadas sexualmente después de ser captadas con falsas promesas de trabajo en sus países de origen.
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En una nota de prensa difundida este martes, la Policía Nacional explicó que el pasado 16 de julio sus agentes llevaron a cabo registros en cuatro prostíbulos del campo de Gibraltar (sur de España) y detuvieron a quince personas acusadas de pertenecer a una organización criminal dedicada a captar y trasladar mujeres desde Sudamérica a España para su explotación sexual.
De los quince detenidos por delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, delitos relativos a la prostitución y tráfico de drogas, siete ingresaron en prisión provisional por orden judicial.
Las mujeres liberadas en el marco de la operación, con edades comprendidas entre 18 y 22 años, tenían graves situaciones económicas y familiares en sus países de origen, lo que las convertía en presas fáciles para ser captadas por la organización con falsas promesas de trabajo y una vida mejor en España, según explica la Policía.
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La organización había constituido un entramado empresarial y creado agencias de viajes falsas para gestionar el traslado de las mujeres desde Sudamérica hasta España.
Una vez en España, las víctimas eran recogidas y trasladadas directamente a una serie de viviendas utilizadas como prostíbulos, donde se les comunicaba que debían saldar la deuda económica que habían contraído con quienes gestionaban el viaje mediante la prostitución.
Además, de trabajar en estas viviendas, las víctimas de la trama eran obligadas a ofrecer servicios a domicilio, por lo que fueron detenidos seis taxistas que se encargan de los traslados y de controlar a estas mujeres.
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Los beneficios que la trama obtenía con la prostitución en estos locales servían entre otras cosas para que una empresa de construcción vinculada a dos de los investigados reformara de forma clandestina varios apartamentos en un edificio de oficinas de Barcelona.
Los inmuebles estaban destinados al alquiler temporal (por días, semanas o meses) para la prostitución, “una práctica que los investigadores han detectado con creciente frecuencia en grandes ciudades como Madrid o Barcelona”.
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