Las curules de paz exigieron del Gobierno en un documento suscrito el pasado miércoles mayor efectividad y más inversión para la implementación de los acuerdos de paz.
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Se trata de una declaración conjunta de los 16 representantes a la Cámara en la que expresan su preocupación por el agravamiento de la violencia en varias zonas del país y por las condiciones críticas que siguen padeciendo las comunidades afectadas por el conflicto.
Por ello, concluyen, los compromisos asumidos con la implementación de los puntos del Acuerdo de Paz no se están cumpliendo con el rigor necesario.
Hay además una dura crítica a las entidades encargadas de liderar la implementación, sobre todo hacia la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, dirigida por Otty Patiño.
“La retórica oficial ha reemplazado la acción concreta. El alto comisionado para la paz y las entidades responsables de la implementación del acuerdo de paz de 2016 han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas. La centralidad de las víctimas, piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional profunda y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición”, se lee.
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Así mismo, advierten las circunscripciones especiales deficiencias en la financiación y ejecución de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), los cuales fueron diseñados para atender las regiones más afectadas por el conflicto armado.
Señalan los legisladores que estas iniciativas no han recibido los recursos necesarios y su implementación ha sido irregular.
Y mencionan la persistencia de barreras en el acceso a servicios esenciales como salud, educación e internet.
“Desde las curules de paz solicitamos la intervención y protección inmediata de los derechos de la población civil, y exigimos que cese ya la vulneración a nuestras comunidades. Pedimos respuestas estructurales, inmediatas y contundentes. La paz no puede seguir siendo un eslogan mientras nuestros territorios sufren”.
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“Exigimos efectividad e inversión ya. No estamos dispuestos a seguir acompañando al Gobierno Nacional si no cambia pasividad frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la nueva política de drogas y la consecución real de la paz en nuestro país”, indica el documento.
La misiva se conoce en la víspera del regreso a la plenaria de la cámara baja de la polémica reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro por orden de la Corte Constitucional para que se rehaga su último debate en el punto en que se votaba por la proposición sustitutiva de acoger el texto aprobado en el Senado.
