En la mañana de este martes 17 de junio se conoció un nuevo parte médico emitido por la Fundación Santa Fe sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, quien fue víctima de un atentado a bala cuando estaba en una actividad política en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá.
El centro médico indicó que la condición de salud del senador continua siendo de “máxima gravedad” y con “pronóstico reservado”.
“La Fundación Santa Fe de Bogotá informa, por solicitud de la familia, que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la unidad de cuidados intensivos, con manejo multidisciplinario con soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico.”, se lee en el comunicado.
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“Persiste su condición clínica de máxima gravedad, con pronóstico reservado.” agrega.
Recordemos que en la tarde del lunes 16 de junio, en el primer parte médico del día, el centro médico informó que al senador se le había hecho en la madrugada “una intervención quirúrgica complementaria al procedimiento inicial” del 7 de junio, día del atentado.
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Tras esa cirugía, estaba con tendencia a la estabilidad y en condición clínica “crítica, con pronóstico neurológico reservado”, pero horas después tuvieron que hacerle la nueva operación por el sangrado cerebral.
Luego del último parte médico de la clínica, la esposa de Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, declaró a periodistas que el político seguía “luchando por su vida, como nunca antes lo había hecho, como nunca antes se había visto”.
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“Hoy, con el corazón en la mano, tengo que decirles que está librando la batalla más difícil que habíamos transitado hasta el día de hoy. Por eso salgo para pedirles a cada uno de los colombianos nuevamente, apelando a su buen corazón, al amor que sienten por Miguel, por mi familia y por Colombia, que hagamos una oración masiva”, dijo.
Finalmente, y para tener en cuenta, es importante mencionar que las autoridades habilitaron la línea 157 para recibir información relacionada con el atentado contra el senador del Centro Democrático. Se ofrece una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos a quien suministre datos que permitan identificar, ubicar y capturar a los responsables. Las autoridades garantizan absoluta reserva sobre la identidad de quienes colaboren con la investigación.
