La agresión a una menor de edad en la comunidad indígena de Gito Dokabu, en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda, continúa generando pronunciamientos por parte de organismos del Estado. Esta vez, la Defensoría del Pueblo se sumó al rechazo colectivo, pero con un énfasis particular: lo ocurrido no debe entenderse como un hecho aislado ni debe ser instrumentalizado para promover la estigmatización étnica.
“Lo que ha ocurrido con la niña indígena del pueblo Embera en Risaralda (...) no es solo un caso aislado ni un hecho excepcional, es la manifestación de una violencia estructural y sistemática que atraviesa la niñez y las mujeres en todas las culturas, en todos los territorios y en toda la sociedad”, declaró la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en un video difundido este sábado, 31 de mayo, a través de la cuenta oficial de la entidad en X.
El caso, que ha sido ampliamente difundido en redes sociales desde el pasado 29 de mayo, muestra a una niña siendo golpeada con tallos vegetales por dos hombres adultos, presuntamente miembros de su comunidad. En la grabación, también se observa cómo otras personas —entre ellas mujeres y niños— presencian la agresión sin intervenir.
Durante el “castigo” al cual fue sometida, la menor perdió el conocimiento brevemente —hecho que también quedó registrado en el video— y posteriormente fue trasladada a un centro médico gracias a la intervención de las autoridades locales.
La Defensoría confirmó que la niña se encuentra estable, sin fracturas internas, y bajo atención médica y psicológica especializada, según información entregada por el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Icbf).
Marín añadió que, de acuerdo con lo reportado, la agresión tuvo lugar dentro del entorno familiar de la menor, y no en el marco de una acción de justicia indígena, como había trascendido en redes inicialmente. No obstante, enfatizó: “Eso no mitiga la gravedad del hecho ni debe servir como excusa para justificar o minimizar lo ocurrido”.
En este mismo sentido, la Defensoría insistió en que la autonomía de los pueblos indígenas no puede ser utilizada para legitimar violaciones a los derechos fundamentales de la infancia. “Ninguna tradición, costumbre o práctica cultural puede estar por encima del interés superior de la niñez”, precisó la entidad.
Por otro lado, al mismo tiempo, la Defensoría pidió que el rechazo a este acto no derive en expresiones de odio o desprecio hacia los pueblos indígenas: “Hacemos un llamado a la sociedad y a las instituciones a no usar este hecho para justificar la discriminación étnica (...) No se puede luchar contra el machismo y la violencia de género desde el racismo. No se puede proteger a una niña violentada desprestigiando a la cultura a la que pertenece”.
Durante su intervención, la funcionaria expuso cifras alarmantes que dan cuenta de la dimensión del problema. Entre 2019 y 2024, Medicina Legal practicó más de 115.000 exámenes por delitos contra menores de edad. Del total de víctimas, el 42 % tenía entre 10 y 13 años, y el 13 % pertenecía a comunidades étnicas. Además, en el 50 % de los casos el agresor era un familiar, y en el 78 % la violencia ocurrió en el hogar.
En cuanto a violencia intrafamiliar, en ese mismo periodo se registraron 42.685 valoraciones médicas, siendo niñas y adolescentes mujeres el 52 % de los casos. De ellas, un 11 % pertenecía a grupos étnicos.
Estos datos, según la Defensoría, evidencian que la violencia contra menores no es exclusiva de contextos indígenas ni rurales, sino una problemática extendida en todo el país. Por ello, Marín Ortiz hizo un llamado a las instituciones a responder con acciones estructurales, no solo reactivas, y a las redes sociales a actuar con responsabilidad ética al momento de comentar sobre casos sensibles.
El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades judiciales y de protección, mientras la menor permanece bajo medida de protección del Icbf.
