BOGOTÁ. Desde antes que llegara a la presidencia de Ecopetrol, Ricardo Roa tenía problemas con la justicia, los mismos que ahora se suman y parecen estallarle juntos y lo tienen al borde de salir de la estatal petrolera.
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Desde febrero de 2023 llegó al Consejo Nacional Electoral, CNE, una denuncia anónima por un presunto incumplimiento de las normativas de financiación electoral.
Luego, en octubre de 2024 la corporación de la Organización Electoral abrió una investigación formal contra Roa en su condición de ex gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Esta pesquisa es la misma por la que esta semana la Procuraduría General de la Nación le pidió al propio CNE sancionar al directivo por aparentemente violar los topes establecidos para las campañas en el país.
En diciembre de 2024 el entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, denunció a Roa por injerencia en la Hidroeléctrica Urrá, señalando el presidente de Ecopetrol supuestamente presionó a la junta directiva de la compañía para tomarse el control y al parecer favorecer a posibles aliados, tal como el proyecto Parque Solar Urrá 19,9, en Tierralta, Córdoba.
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El pasado 9 de mayo la Fiscalía abriría una pesquisa contra Roa por presunto direccionamiento de contratos al parecer por favorecer a Helistar.
Y esta semana la oficina de abogados Bronstein, Gewirtz & Grossman inició una averiguación a Ecopetrol para buscar una compensación por la caída en sus acciones en Wall Street. Acto seguido, se conoció un aparente contrato de la estatal petrolera con una firma de abogados estadounidenses para evaluar el impacto de los escándalos de Roa para la compañía, por un valor de 5,8 millones de dólares, y a través del cual 70 altos ejecutivos de la compañía habrían sido supuestamente ‘chuzados’.
Se trata de un contrato con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP, que tendría como objeto evaluar el impacto reputacional del presidente de la estatal petrolera, pero también habría permitido la supuesta retención de correos y documentos de al menos 70 altos funcionarios, incluidos miembros de la junta directiva y jefes de filiales de Ecopetrol como Cenit y Hocol.
Debido a lo anterior, la Procuraduría alistaría un auto de apertura de indagación sobre el millonario contrato y las presuntas ‘chuzadas’.
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A su vez, la Contraloría pidió a Roa información relacionada con la polémica contratación, indagando por el estado del contrato y los recursos públicos utilizados.
Una de las consecuencias inmediatas del asunto fue la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva. La noche del pasado miércoles se supo que la directiva presentó su renuncia de manera irrevocable.
La expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá envió una carta, difundida por Caracol Radio, al presidente Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Estará en el cargo hasta el 30 de mayo.
“Aprovecho esta carta para extender un agradecimiento muy especial al presidente Ricardo Roa por su liderazgo inspirador, su visión estratégica y su capacidad para guiar a la organización con integridad, transparencia y sentido de país”, se lee.
Al parecer, de Greiff habría mostrado su inconformidad por la eventual salida del actual presidente de la compañía.
Sobra Roa, en la carta, agregó: “Bajo su dirección, Ecopetrol ha dado pasos firmes hacia una nueva era energética, alineada con las necesidades del presente y los desafíos del futuro”.
De Greiff, de 66 años, es abogada con especialización en derecho administrativo y doctorado.
Entre tanto, los resultados financieros de Ecopetrol siguen registrando pérdidas consecutivas y a esto se suman las críticas sobre el rumbo de la compañía bajo la dirección de Roa, sobre todo en lo que tiene que ver con la transición energética.
Por todo esto, el propio Roa estarís contemplando la posibilidad de una inminente salida de la petrolera y podría ser trasladado al Ministerio de Minas en reemplazo del ministro Edwin Palma, quien a su vez asumiría la presidencia de Ecopetrol.
No obstante, su posible designación como ministro permitiría una pausa en sus procesos en la Fiscalía por la indagación sobre la presunta financiación de la campaña Petro con fuentes ilegales, y el aparente direccionamiento de contratos a favor de una empresa del sector aéreo.
Esto porque sus procesos en el ente acusador pasarían ante la Corte Suprema de Justicia, donde lo investigaría una fiscalía delegada ante el alto tribunal y lo juzgaría la Corte.
