BOGOTÁ. Siguen conociéndose nuevos detalles del escándalo de Ecopetrol luego de que se revelara el contrato de 6 millones de dólares con la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP.
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Este acuerdo tiene como objeto evaluar el impacto reputacional del presidente de la estatal petrolera, Ricardo Roa, pero también permitió la retención de correos y documentos de al menos 70 altos funcionarios, incluidos miembros de la junta directiva y jefes de filiales de Ecopetrol como Cenit, Hocol y hasta de la misma compañía petrolera.
Durante esta polémica también se conoció de la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva por la molestia a raíz de las interceptaciones.
En medio de esto esto la Procuraduría General de la Nación, en un concepto de 80 páginas dirigido al Consejo Nacional Electoral, CNE, recomendó sanciones contra Roa y otros tres miembros del equipo financiero de la campaña del presidente Gustavo Petro.
El reporte concluye que existieron ocultamientos y omisiones graves que desbordan los límites legales establecidos para el manejo de recursos en campañas electorales. Y es que en al menos dos de los nueve cargos evaluados, Roa Barragán tendría responsabilidad directa, lo que podría derivar en sanciones administrativas y políticas.
De acuerdo a lo que se ha conocido, el propio Roa está evaluando la posibilidad de su inminente salida de la petrolera y podría ser trasladado al Ministerio de Minas en reemplazo del ministro Edwin Palma, quien asumiría la presidencia de Ecopetrol.
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Entre tanto, los resultados financieros de Ecopetrol siguen registrando pérdidas consecutivas y a esto se suman las críticas sobre el rumbo de la compañía bajo la dirección de Roa, sobre todo en lo que tiene que ver con la transición energética.
Escándalo por espionaje
Uno de los escándalos más graves que rodean a Ecopetrol es el tema del supuesto espionaje a los empleados de la petrolera que denunció César Loza, presidente del sindicato de la compañía.
En diálogo con Blu Radio, explicó que “no solo se interceptan correos, sino que también se han tomado acciones represivas contra empleados, todo bajo la máscara de este contrato”.
Añadió que “no se puede permitir que prácticas como estas continúen. Hay procesos disciplinarios establecidos, y deben ser aplicados con rigor”.
