El año pasado en el área rural de Zambrano, en el departamento de Bolívar, en pleno Montes de María, dos hombres fuertemente armados –a bordo de una moto- arribaron hasta una finca de la zona para preguntar a los trabajadores por el dueño de la tierra. Inicialmente, debido a las evidentes sospechas y miedos generados, el personal negó tener mayor contacto con su patrón y evitó compartir números a los intimidantes visitantes, que ante la despachada, no dudaron en ‘escupir’ la misión en la que estaba: 'Somos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Clan del Golfo), necesitamos una cuota económica mensual para que puedan seguir en paz'.
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La charla culminó ahí. Instantáneamente los trabajadores se comunicaron con su patrón, que hasta ahora no había vivido esta situación, y le explicaron la situación. El drama escaló hasta las autoridades, pero se quedó en un mero trabajo investigativo. Algunos días después, uno de los integrantes de la organización ilegal mató a tiros a uno de los vigilantes. El que llegó a reemplazarlo casi corre la misma suerte. El horror invadió a los afectados.
Casi que paralelamente, en Tamalameque, al sur del departamento del Cesar, un agricultor empezó a recibir llamadas extorsivas por parte de la misma organización, las AGC, que le exigían cerca de 16 millones de pesos para adquirir cuatro armas de fuego. El hombre se puso en contacto con las autoridades, pero estas le bajaron la espuma al asunto y aseguraron que seguramente eran llamadas provenientes de una cárcel del interior del país; sin embargo, no fue así. Al rato llegaron los panfletos amenazantes y una serie de mensajes insinuando una declaración de objetivo militar.
Al mismo tiempo, prácticamente siguiendo el libreto de una película de terror, un ganadero de El Carmen de Bolívar y otro empresario de Santa Rosa del Sur, denunciaron la quema de tractores por parte de organizaciones armadas ilegales. Pero –en estos casos- la consternación era mucho mayor pues desde hace años, como es costumbre en estas tierras, pagaban religiosamente vacunas a otros hombres armados. En teoría la quema era injustificada.
¿Qué ha pasado? De acuerdo con las Fuerzas Militares y líderes comunales de estas zonas de la región Caribe, el Clan del Golfo emprendió desde el año pasado un ambicioso plan para expandirse territorialmente, una operación que necesita de millonarios recursos y de vencer a un viejo enemigo y dueño de muchos terrenos, el Ejército de Liberación Nacional.
{"titulo":"Delegación del Gobierno pidió respeto a ‘Antonio García’ tras declaraciones","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/delegacion-del-gobierno-en-mesa-con-el-eln-pidio-respeto-antonio-garcia-tras-declaraciones"}
'Sabemos que en la zona de Bolívar ya hay varios frentes armados, y hay incluso hombres uniformados identificados del Clan del Golfo. Se están organizando, hablan de más o menos 100 hombres que ya estaban haciendo presencia. Ayer estuve en reunión con una persona también ganadera que tiene sus negocios también en otras zonas, de acá del norte, de la costa, y estaban conversando el tema, la situación está bastante compleja. Hay gente que definitivamente le está tratando de pagar vacuna, la famosa, la mal llamada vacuna. Entonces, que incluso él nos decía, les recomendamos que hablen con ellos, y finalmente paguen la vacuna también, porque si no nos lo van a dejar trabajar', contó al EL HERALDO un afectado.
'Entonces ya cuando uno se ve ante ese riesgo, uno que hace, o trabajas para proteger la vida y pagas la vacuna, o qué haces, es una disyuntiva bastante complicada, porque es que nadie quiere apoyar estas actividades, pero ¿qué otra alternativa tienes?', agregó.
En Colombia, según la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, la extorsión creció entre el 2022 y el 2023 un 7.9%. Pasó de 9.791 a 10.560 casos en un solo año.
De acuerdo con el observatorio, el modo predilecto para efectuarlo es a través de la llamada telefónica con 4.513 casos, los cobros directos con un 26% y las redes sociales con un 14.3% completan las modalidades de extorsión.
Sin embargo, en zonas como el sur de Bolívar, el sur del Cesar y algunos municipios del Magdalena, el subregistro es enorme porque las comunidades campesinas, que conviven diariamente con los grupos al margen de la ley, temen elevar las denuncias ante las autoridades.
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En algunos lugares -según una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo- los ganaderos deben pagar $50.000 por cabeza de ganado, mientras que en otros solo paga impuesto los que tengan de 100 reses en adelante.
'La práctica es la misma, utilizan la formula extorsión/amenaza, haciéndole saber a sus víctimas que ante la negativa del pago se pueden ver conculcados sus derechos a la vida e integridad física, y la de sus familiares; las mismas se realizan principalmente en persona por parte de hombres que se movilizan en motocicletas e intimidan a las víctimas que se nieguen a pagar la contribución exigida', explicaron.
En el municipio de San Jacinto del Cauca 'son recurrentes las amenazas a la población civil, las restricciones a la movilidad, el cobro e imposición de multas, extorsiones, como las extorsiones que presuntamente les hicieron a los contratistas que trabajaban en la construcción de los jarillones para lograr el cierre de la zona conocida como Cara 'e gato', a los cuales les exigían un porcentaje del contrato.
'Sin embargo, es difícil obtener las denuncias por parte de la población, debido a que no hablan por el temor de ser señalados, y que los grupos adelanten acciones en su contra, como es el caso que se presenta cuando se realizan capturas en el municipio, son acusados de ser informantes, lo que aumenta el temor de sus habitantes, lo que indica un control total sobre la población por parte de los actores armados, y una desconfianza en la institucionalidad', revelaron.
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Debido a la problemática en mención, varios han empresario liquidar sus negocios en zonas de alto riesgo y otros han accedido a pagar las vacunas; sin embargo, el temor es cada día mayor.
'Las autoridades prestan toda la atención, ellos obviamente se escuchan con la denuncia, hagamos esto, hagamos lo otro, pero uno siente que no tienen las herramientas o la fuerza necesaria para poder ayudar. Y estos son grupos armados que ya sabemos que tienen un armamento importante, o sea, eso no es para mandar tres patrullas de motos de policía y ya, esto es un tema ya con armamento mayor. Entonces si bien es cierto que ellos prestan a tratar de ayudar, pero uno siente que de ahí para adelante no es mucho tampoco lo que pueden hacer', señaló un palmicultor.
Por su parte, la Corporación de Derechos Humanos, Jesús María Valle, ha insistido desde hace un par de meses sobre la avanzada que ha realizado el Clan del Golfo desde el nordeste antiqueño hasta el sur de Bolívar.
'Hacemos responsable al Gobierno Nacional, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y a las Fuerzas Militares por sus acciones u omisiones que han facilitado la avanzada paramilitar en la región y exigimos garantías para la vida y la permanencia en el territorio', aseguraron en su cuenta de X.
Operativos de las FF. MM.
Las FF. MM. desplegaron más de 200 soldados adicionales y capacidades tecnológicas en operaciones militares en el nordeste antioqueño y sur de Bolívar para contrarrestar y neutralizar cualquier acción criminal del Clan del Golfo. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el grupo armado ofrece a jóvenes pagos de ‘salarios’ por $1.500.000 para que ingresen a sus filas.
