La movilización frente a la Corte, ¿una amenaza a la institucionalidad?

Luego de la movilización frente a la Corte Suprema del pasado jueves, en medio de la elección de la nueva fiscal, hubo lecturas diversas sobre el significado de esta manifestación, para algunos de presión indebida por haber sido promovida por el presidente Gustavo Petro y para otros enmarcada en el derecho a la protesta, salvo por los episodios de violencia que se registraron y que dejaron en el imaginario el sabor de una amenaza a la institucionalidad.

El primero de hecho en analizar lo ocurrido fue el propio jefe de Estado, quien, tras la ausencia en una segunda ocasión de humo blanco para elegir entre las ternadas Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo a la sucesora de Francisco Barbosa, arremetió contra la vicefiscal Martha Mancera, quien deberá asumir el próximo 13 de febrero, un día después de que se venza el periodo del actual jefe del ente acusador.

'Yo no soy indolente y arrogante ante las consecuencias de entregarle la fiscalía a la señora Martha Mancera, las acusaciones graves y los indicios mostrados por la prensa son respetables para mí y hacen que lo conveniente para el país es que eso no suceda. (…) No hubo violencia en el país, ningún herido, como solía suceder, y no son ciertas las noticias acerca de secuestros de magistrados o violencia sobre ellos. Nunca hubo restricción a la libre movilidad de magistrados', escribió el mandatario.

Y afirmó Petro que, en su opinión, 'la protesta del pueblo no es contra la justicia sino contra la mafia que se toma la justicia. La mayoría de la ciudadanía colombiana está por un país de la decencia. (…) La movilización no es cierto que sea ordenada por mí, ni que vaya en presión contra la Corte, a la que di todo mi respaldo y garantía. Si los grupos interesados deciden desesperadamente la ruptura institucional, habrá una respuesta popular contundente y sin violencia. Es el derecho del pueblo a luchar por la democracia y el respeto de su voto'.

Entre tanto, la Corte Suprema rechazó el pasado viernes el 'asedio' al Palacio de Justicia, 'situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad de magistrados, empleados, periodistas y demás ocupantes de la principal sede judicial del país'.

Agregó el alto tribunal que 'la democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un Estado de derecho como el colombiano, la función judicial solo está sometida al imperio de la ley'.

También, pone de presente, existe el derecho a la protesta y a la manifestación siempre que sea pacífica: 'Lo que a mi juicio es muy censurable es que sea el Gobierno quien patrocine o incite a esas manifestaciones a sabiendas de que existe el riesgo del vandalismo y en este caso de la asonada, o de los excesos que impiden los derechos de los demás, o los viola. Y en términos drásticos yo diría que el presidente nos ha notificado una vez más que tiene un arma política que es la convocatoria de los grupos sociales y que tiene verdaderamente una amenaza que es la posibilidad de presión de facto a sus opositores políticos, sean órganos del Estado o sean otros actores sociales: esa es la parte grave, que el Gobierno quiere incidir en la independencia de otro poder público'.

En consideración del analista político y económico Aurelio Suárez, hay que condenar 'el intento de asonada y el sitio al que fue sometida la Corte Suprema durante seis horas. Ese es un hecho que cualquier ciudadano que se rija por la Carta que nos convoca a todos tiene que rechazar, porque la protesta pública y pacífica es un principio que siempre he defendido pero usted no puede aprovecharse de ella para proceder contra otros ciudadanos y menos si se trata de autoridades, en una actitud y dirección muy claramente personalizada contra 23 ciudadanos que componen la Corte'.

Además, advierte, 'el responsable directo y único fue el presidente Petro, que estuvo dándole pedal a la polarización y llenó de razones a sectores de las barras bravas petristas: cuando usted es un seguidor ferviente de Petro y oye que a Petro lo quieren tumbar unos sectores que no quieren perder pedazos de la Fiscalía y que son sectores del narcotráfico, autores de crímenes de lesa humanidad, que es la caracterización que hizo Petro en su discurso y en sus escritos, pues usted se llena de argumentos para proceder'.

Por último, cuestionó que sectores del sindicalismo 'prácticamente han endosado su comportamiento y su actitud a los designios del presidente, y a mí me parece muy lamentable que las centrales obreras y Fecode prácticamente se han vuelto un apéndice del gobierno de Petro: eso sienta un precedente que se remonta a años muy pretéritos del sindicalismo cuando obedecían a los criterios políticos de los partidos tradicionales'.

Y Eduardo Palencia, director del Programa de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, advirtió que es 'una postura bastante equivocada del presidente cuando entiende el que se está dilatando el proceso de elección del fiscal, y dice que puede haber una ruptura de la institucionalidad y convoca las manifestaciones, que son un derecho fundamental pero puede ser perjudicial cuando se pretende hacer creer que estas dilaciones no son más que una estratagema por parte de la Corte, sobre todo cuando en veces anteriores ha habido demoras y es una decisión meticulosa'.

No obstante, resuelve el constitucionalista, 'si bien el presidente tiene responsabilidad no es menos cierto que el fiscal asume también una posición equivocada cuando califica al presidente de alguien que quiere beneficiar al narcotráfico, porque está asumiendo una posición que no le compete. Es decir, estamos viendo un clima enardecido político en el país y debe haber mucha responsabilidad de parte de los funcionarios del Estado'.