El recién nombrado apoderado de la Cancillería en el caso de la licitación de los pasaportes, Ernesto Matallana, habló este miércoles sobre la fallida conciliación entre el Ministerio y la firma Thomas Greg, la cual anunció una millonaria demanda en contra del Estado.
En su momento, el jurista había señalado en su cuenta de X que compartía la opinión de que se debía adjudicar el contrato 'cuando el único proponente cumple con todos los requisitos'.
'Doctora Martha Lucía lamento mucho la incidente. Comparto su criterio en cuanto a que cuando el único proponente cumple con todos los requisitos debe ser el adjudicatario del contrato. Se debe revocar la declaratoria de desierta y adjudicar para reducir el riesgo de demanda', se lee en su post publicado el pasado 1 de diciembre.
Sin embargo, tras asumir la defensa de la Cancillería consideró que en realidad se hizo una licitación ilegal, pues la firma cumplía con todos los requisitos, pero con 'privilegios', según señaló en diálogo con Blu Radio. Inclusive en su misma cuenta de X respondió a un trino en el que le cuestionaban el cambio de opinión: 'Doctor en su momento considere que la doctora la Zamora en su experiencia debería tener la razón pues es una excelente abogada, sin embargo, es mi responsabilidad revisar el tema y poner mis conocimiento para proteger los intereses del Estado', dijo el abogado.
En declaraciones a la emisora, Matallana afirmó que 'yo lo escribí (el trino) en su momento porque yo conozco a la doctora Martha Lucía Zamora y conozco de sus capacidades y sus competencias. Desde el punto de vista, de las normas internas colombianas, cuando usted obtiene la máxima calificación, está habilitado y cumple con todos los requisitos, pues no hay lugar a la declaratoria desierta porque la norma prácticamente te obliga a adjudicar. Y yo pensé que eso fue el estudio que hizo la doctora Marta Lucía y por eso en algún momento consideré que, digamos, la posición que ella estaba asumiendo era la correcta, pero cuando a mí me llaman a asesorar a la Cancillería, yo me encuentro con una declaratoria desierta. Que está basada justamente en este estudio que se hizo sobre las reglas de participación'.
Ante esto, Matallana explicó que había 'privilegios' por parte de la firma 'afectando derechos constitucionales'. En ese sentido detalló que la irregularidad obedeció a que 'el Estado colombiano ha fijado un tratado de libre comercio en donde debe garantizar la participación como de otros proponentes'. Y añadió que la licitación no se adjudicó porque 'restringía la libre competencia, el derecho a la igualdad y afectaba de alguna manera el interés general porque en el contenido de la declaratoria desierta se dice que se afectó la selección objetiva'.
Y frente a esa licitación 'ilegal', el jurista sostuvo que 'el Estado puede corregir en cualquier momento situaciones de ilegalidad como esta'.
Finalmente aseguró que defenderá el acto administrativo de declarar desierta la licitación. 'Yo soy el apoderado de la Cancillería y yo tengo que defender ese acto administrativo que se presume su legalidad', concluyó.
