El presidente Gustavo Petro se pronunció ante el documento enviado por ministros de Minas y Energía en el cual solicitaron medidas con el fin de contrarrestar la crisis financiera que atraviesan 17 empresas comercializadoras de energía y que amenaza al sector eléctrico en Colombia.
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'Los cinco billones de alivio que se dio en la pandemia en tarifas de energía a los usuarios, nunca debió haberse dado a titulo de deuda. Esa deuda hoy es asumida por las comercializadoras y no por las generadoras', respondió el mandatario.
Al tiempo planteó el siguiente interrogante: '¿Nuestros exministros piden que los usuarios paguen esa deuda como ha tocado hacer también con la deuda del fondo de combustibles?'.
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Como respuesta, propuso prestar recursos a comercializadoras como Findeter con el fin de pagar la deuda y beneficiar a los usuarios.
'Propongo prestarle recursos a las comercializadoras con recursos del Findeter que ya están dispuestos pero el espacio financiero para pagar la deuda que nos dejo Duque debe salir de un menor valor de las tarifas de las generadoras que permita a las comercializadoras pagar su deuda y que beneficie también a los usuarios', agregó.
El caso
Los exfuncionarios Amvlcar Acosta, Germán Arce, Carlos Caballero, Mauricio Cárdenas, Tomás González, Luisa Lafaurie, Carlos Martínez, Luis Ernesto Mejía, Diego Mesa, Federico Renjifo, Juan Camilo Restrepo, Carlos Rodado, María Fernanda Suárez y Ramiro Valencia pusieron de presente la advertencia que hizo el operador XM en su último análisis de riesgo financiero del mercado de energía.
'(...) 17 comercializadores que atienden casi el 40 % de la demanda comercial del país se encuentran en serias dificultades financieras que podrían contagiar a 19 agentes adicionales y generar deudas en la bolsa de energía por $827 mil millones'.
Indicaron que una crisis de esta naturaleza, 'que amenaza la viabilidad del sistema eléctrico actual', tiene su origen en las enormes dificultades para que los nuevos proyectos de generación y transmisión entren en operación a tiempo y permitan reducir los niveles de exposición de la demanda y asegurar la confiabilidad en el suministro.
'Así como en medidas que han afectado de manera grave la liquidez de las empresas como la imposición reciente de barreras para recuperar los más de $5 billones del diferimiento de la tarifa (Opción Tarifaria) que se dio como alivio en momentos de la pandemia', se lee en la misiva.
Agregaron que a este panorama se le suman 'las presiones al alza de los precios de la energía que ya se observan con la llegada del fenómeno de El Niño, la incertidumbre sobre el suministro de gas para atender la demanda de corto y mediano plazo y la precariedad en la que se tiene sumidas a instituciones fundamentales para enfrentar coyunturas complejas como esta'.
'Es el caso de la CREG, en la que por muchos meses se han tenido Comisionados encargados-y subordinados al gobierno- en clara violación de los principios de independencia con la que fue diseñada', sostuvieron los exministros.
Recordaron que desde hace varios meses empresas, gremios, exfuncionarios y analistas vienen alertando al Gobierno sobre la inminencia de esta crisis, pero que sus advertencias han sido desatendidas.
'¿Está preparado el gobierno para asumir la intervención de un número significativo de empresas sin afectar la calidad del servicio y sin que se ocasionen los elevados costos fiscales? No olvidemos que la intervención de la extinta Electricaribe, que llevó a la toma de posesión por parte de la Superintendencia entre noviembre de 2016 y octubre de 2019, ocasionó una caída en el recaudo, un aumento en los niveles de pérdidas y costos fiscales que según lo manifestado por el gobierno se acercaron a los $11 billones' añade la carta.
