Sobre las 9 de la mañana de este martes 5 de septiembre llegó Laura Sarabia junto con su abogado Jorge Mario Gómez a las instalaciones de la Fiscalía en Bogotá, donde la funcionaria debía cumplir un interrogatorio por el proceso que se lleva en su contra por supuesto abuso de poder tras someter a Marelbys Meza, su ex trabajadora doméstica, al polígrafo tras la denuncia de hurto en la vivienda de la ex jefe de gabinete.
Lea también: Los escenarios jurídicos para Laura Sarabia con su retorno al Gobierno
Pese a que ya se había mencionado que el caso de Sarabia pasaba a ser competencia de la Corte Suprema de Justicia luego de haber regresado al Gobierno y adquirir un fuero constitucional, la directora del DPS llegó al búnker de la Fiscalía donde su abogado habló ante medios de comunicación. Vale mencionar que por este mismo motivo, la diligencia tuvo que ser aplazada, pues la investigación fue asumida por un fiscal delegado ante la Corte Suprema.
El jurista reiteró que la funcionaria 'no ordenó, ni podría hacerlo, ninguna práctica de polígrafo, por ser funciones ajenas al cargo que ocupaba'. Así mismo señaló que su cliente 'es víctima de un hurto denunciado ante la Fiscalía desde el mismo 29 de enero'.
Así mismo, en declaración a medios, el abogado aseveró que 'desde el 26 de mayo solicitamos protección a la Fiscalía por la campaña de desinformación orquestada en contra de Laura Sarabia, sin recibir respuesta', por lo cual acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que este 28 de agosto ordenó hacer seguimiento oficial al caso.
Por si le interesa: Abogado de Sarabia radica solicitud para que Barbosa sirva como testigo
Sobre la solicitud formal para que el fiscal Francisco Barbosa sirva como testigo, el abogado mencionó que 'el propio fiscal general es testigo de excepción de que Laura Sarabia nunca ha querido, ni ha aceptado, privilegios en razón del cargo que ocupaba. Motivo suficiente para que la defensa lo llame formalmente a rendir declaración'.
Finalmente indicó junto con Sarabia: 'No tememos a la búsqueda de la verdad en una recta administración de justicia que respete las garantias y los derechos procesales'.





















