La vicepresidenta Francia Márquez recalcó que el programa 'Jóvenes en paz no puede verse como un incentivo a la delincuencia'

Durante un debate de control político este martes ante la Comisión Séptima del Senado, la vicepresidenta Francia Márquez dijo que el Programa Jóvenes en Paz 'no puede verse como un incentivo a la delincuencia', sino como 'un Estado Social de Derecho que está asumiendo su responsabilidad constitucional para proteger y sacar de la violencia a la juventud colombiana'.

Agregó en este sentido la funcionaria: 'Para mí es doloroso que ustedes como senadores digan que la juventud a la que vamos a beneficiar es delincuente. Son jóvenes entre 14 y 28 años que lo que necesitan es atención del Estado'.

Por ello aclaró que el programa está en un proceso de reglamentación y tiene definidos unos criterios para quienes aspiren a hacer parte de él, entre ellos, que no incluirá a quienes tengan una orden de captura o una condena. Además, recalcó, no se tratará de un subsidio sino de una 'transferencia condicionada', pues los beneficiarios deberán estar inmersos en procesos de educación, al igual que deberán cumplir con un trabajo social, que será ofertado desde los entes territoriales y desde otras dependencias del Gobierno como el Ministerio de Ambiente. Igualmente, habrá un acompañamiento psicosocial y de atención psicológica, a través de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud.

Por otra parte, señaló que se espera que, tras 18 meses, los ministerios de Educación y Trabajo generen las condiciones necesarias para que estos jóvenes sigan en sus procesos formativos y encuentren oportunidades laborales.

'He escuchado a muchos decir que vamos a premiar delincuentes. Creo que, en otros tiempos, con esos jóvenes vulnerables, lo que tuvimos fue muerte. Son jóvenes que han llegado de zonas rurales a centros urbanos, a entornos vulnerables, donde han sido objeto y víctimas de las dinámicas de la delincuencia y la violencia (…). Este programa busca sacar a esos jóvenes de la violencia, las mayorías son hijos de mamás cabezas de familia, son negros, indígenas, campesinos empobrecidos. El que el Estado hoy esté desarrollando un programa para atenderlos, no puede verse como un incentivo a la delincuencia, tiene que verse como un Estado Social de Derecho que está asumiendo su responsabilidad constitucional para proteger y sacar de la violencia a la juventud colombiana', recalcó.