La Contraloría General de la República alertó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) sobre deficiencias y posible riesgo fiscal en la vinculación de madres y padres comunitarios en la planta de personal de la entidad.
La situación se evidenció luego de un estudio sectorial donde la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social evaluó el papel del ICBF en la garantía de las condiciones laborales de las madres y padres comunitarios, en el que se concluyó que la mayoría de ellos que prestan sus servicios en la modalidad comunitaria de atención a la primera infancia, a través de operadores, esperan tener una mejora en sus condiciones laborales, por lo que se requiere de un estudio técnico y financiero del impacto fiscal de la normalización de los mismos en la planta de personal de la entidad.
De acuerdo con las respuestas a las 1755 encuestas realizadas a madres y padres comunitarios, que los requerimientos relacionados con la mejora en sus condiciones laborales se orientan a la Contratación directa a través del ICBF, sin intermediación a través de operadores, para garantizar estabilidad laboral, al igual que sus derechos a salud y pensión y el reconocimiento del Bono Pensional de Vejez, para aquellas madres que no han cumplido con alguno de los requisitos para acceder a su pensión.
Asimismo, se determinó que el aumento salarial, ya que en la actualidad devengan un salario mínimo, además del reconocimiento de categorías salariales, de acuerdo con su perfil académico, años de experiencia, y pago de horas extras, la dotación de uso personal y para el Hogar Comunitario; el reconocimiento de subsidios para el pago de arriendos, para aquellas madres y padres comunitarios que hacen uso de su lugar de habitación para la atención del hogar Comunitario; el acceso a herramientas tecnológicas, para cumplir con los reportes requeridos por el operador, los cuales son requeridos en medios digitales y el mejoramiento y optimización de la infraestructura física de Hogares Comunitarios, para garantizar una adecuada prestación del servicio a la primera infancia.
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Respecto de las labores de supervisión de los contratos con operadores a cargo del ICBF, dicha supervisión se limita a un control netamente administrativo, dejando de lado la supervisión financiera y jurídica, circunstancia que limita la solución de los problemas con oportunidad, en aras de garantizar la prestación del servicio a la primera infancia en condiciones de normalidad.
Se evidenció que no se realiza una correcta verificación de los perfiles de las personas vinculadas como madres y padres comunitarios, y tampoco se ejerce un control y seguimiento a su adecuada contratación y correcto pago de prestaciones sociales.
En el proceso de verificación de la eficacia de la gestión del ICBF, se evidenciaron inconsistencias en la información suministrada por el Instituto frente a la ejecución presupuestal en la modalidad comunitaria en las vigencias 2016 a 2022, superiores a los $40 billones.
Esta situación pone de manifiesto la posible materialización de riesgos que pueden conllevar a pérdidas en el recurso público, toda vez que la entidad no tiene certeza de los recursos ejecutados en el programa. Las diferencias existentes entre la información suministrada por el ICBF, frente a los datos del sistema de seguimiento a proyectos de inversión SPI, ascienden a una suma superior a los $9 billones.
La CGR hace un llamadoal ICBF, en aras de que se fortalezcan los sistemas de recaudo, administración y control de la información entre las diferentes territoriales y el nivel central, en garantía de su veracidad y correspondencia con la realidad. Sin instrumentos de seguimiento y control adecuados, la entidad seguirá adoleciendo de sistemas de medición para determinar los impactos de la política pública de primera infancia, ejecutada en todo el territorio nacional.
Frente a los anuncios del Gobierno Nacional, respecto de procesos de normalización de la vinculación laboral de madres y padres comunitarios en la planta del ICBF, extendió el llamado de atención para que el ICBF adelante los estudios técnicos y financieros pertinentes que conlleven a la determinación del impacto fiscal de los procesos de formalización progresiva y gradual de las más de 40 mil madres y padres comunitarios que prestan sus servicios en la modalidad.
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