El Consejo de Estado echó para atrás una multa de $715 mil millones que había impuesto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra el concesionario Ruta del Sol II por los actos de corrupción que dieron lugar a la vulneración del derecho colectivo en el marco del escándalo de Odebrecht.
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La máxima corte de lo contencioso administrativo consideró que la acción popular que dio lugar a la multa no era la herramienta jurídica adecuada para tal fin y anuló además las sanciones de inhabilidad de las empresas condenadas para contratar con el Estado.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, indicó, no era competente para proferir esta sanción sino un tribunal de arbitramento.
El recurso había sido movido por el exprocurador Fernando Carrillo, aseverando: 'Ha sido la Procuraduría la única entidad del Estado que ha logrado condenas patrimoniales contra Odebrecht y sus socios locales'.
