La Contraloría General advirtió este viernes, a través de una comunicación oficial, que se ha presentado una baja en las ejecuciones presupuestales por parte del programa Prosperidad Social del Gobierno en obras sociales para el beneficio de comunidades vulnerables.
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De acuerdo con un estudio sectorial realizado por el ente de control, se han dejado de invertir más de $1 billón de pesos en obras para el beneficio de comunicades en condición de pobreza y pobreza extrema en todo el país.
El estudio estuvo direccionado a evaluar la ejecución del proyecto ‘Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional’ o FIP ejecutado por Prosperidad Social en el cual se financian proyectos para satisfacer las necesidades básicas de diferentes comunicades vulnerables.
'En la ejecución presupuestal del cuatrienio alcanzó apenas 21,23%, a pesar de que el presupuesto asignado inicialmente fue superior a los $3,7 billones de pesos, de los cuales fueron 'devueltos' por inejecución $1.73 billones', se lee en el documento.
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Los proyectos incluyen obras como plazas de mercado, cemtros de acopio, centros de transformación productiva, pavimentos y placas huellas para mejorar la calidad de vida de la población colombiana.
'Para las vigencias 2019 a 2022, su presupuesto inicial sufrió variaciones del 60,3% debido a su baja ejecución, por lo que el presupuesto final para el cuatrienio fue de $1,97 billones. Para el año 2021 se presentó un incremento del 2,4% en el presupuesto inicial, aunque su ejecución al finalizar la vigencia fue del 20,72%, circunstancia similar a lo ocurrido en la vigencia 2019 en que la misma fue del 24.07%, en el 2020, del 19,80% y en el 2022, del 20,47%, mostrando una ejecución promedio en las cuatro vigencias de tan solo el 46%, con una disminución de $1.73 billones de pesos respecto de su presupuesto inicial, por lo que $1.06 billones de pesos dejaron de verse reflejados en obras de infraestructura social y comunitaria en los municipios beneficiados', detalla la Contraloría.
Asimismo, el ente de control señaló que el tiempo promedio de obra es de dos años que, comparado con los plazos establecidos en los contratos, exceden en tres veces los establecidos contractualmente.
Finalmente, la Contraloría hace un llamado de atención a Prosperidad Social para que 'implementen en el menor tiempo posible las acciones de mejora necesarias que permitan que la población en situación de pobreza y pobreza extrema pueda beneficiarse oportunamente de las obras sociales y comunitarias financiadas a través de este proyecto'.
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