Una decisión clave en respaldo a la implementación de los Acuerdos de Paz tomó este jueves el Gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado.
El secretario Antony Blinken señaló que en particular, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) trabaja para acabar con la impunidad de los delitos relacionados con el conflicto. Por incumplir los acuerdos con la JEP, Estados Unidos decidió sancionar y negar la entrada de tres exmilitares colombianos que tienen responsabilidad en el conflicto armado.
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'Hoy, estamos tomando medidas para promover la rendición de cuentas de tres ex funcionarios colombianos por su participación en graves violaciones de los derechos humanos durante las décadas de conflicto armado interno de Colombia', señala un comunicado del Departamento de Estado.
Así las cosas, las sanciones cobijan a los excoroneles Publio Hernán Mejía Gutiérrez y Juan Carlos Figueroa Suárez y al exgeneral Iván Ramírez Quintero, cuyos familiares tampoco podrán ingresar a territorio estadounidense.
En el caso del excoronel Mejía Gutiérrez, la JEP informó en noviembre de 2021 que no reconoció su responsabilidad en los hechos que son estudiados en el Caso 03, subcaso Costa Cribe, que abarca lo ocurrido entre 2002 y 2005 en el norte de Cesar y sur de La Guajira. Vale mencionar que el excomandante del Batallón 'La Popa' fue imputado por la JEP por crímenes de guerra y de lesa humanidad, por el asesinato de 75 personas que luego fueron presentadas como 'ejecuciones extrajudiciales'.
En su momento, la Sala de Reconocimiento determinó que el coronel (r) Mejía 'tuvo liderazgo y contribuyó de manera esencial en el diseño y la implementación del plan macrocriminal por la conformación y dirección de la organización criminal que se creó dentro del Batallón La Popa, dedicada a la comisión de asesinatos y desapariciones que fueron presentadas como bajas en combate'.
Así mismo, señaló que el excoronel Mejía, luego de haber firmado un acta de compromiso para someterse a la JEP en junio de 2017, 'ha negado toda su responsabilidad en los hechos imputados y por el contrario ha catalogado los testimonios de los demás testigos y comparecientes del tribunal que lo mencionan como responsable, de 'mendaces', 'descabelladas' y 'criminales versiones' que solo faltan a la verdad'.
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Por esto, la JEP convocó una audiencia, que se llevó a cabo el 16 de diciembre de 2022, para estudiar la posibilidad de revocar su libertad por incumplir sus compromisos con la reparación de la verdad. Esto porque, además de no aportar verdad, las víctimas señalaron que el exuniformado publicó mensajes con los que estaría incumpliendo específicamente en el compromiso de no repetición. Se analizaron aproximadamente 80 trinos que habrían sido publicados por Mejía Gutiérrez en sus redes sociales en los que incita 'al odio, la violencia y la guerra contra quienes representan ideales, posturas políticas y reivindicaciones contrarias' a las suyas, según la denuncia.
Sin embargo, esta diligencia se suspendió para revisar las solicitudes de todos los implicados.
Por otro lado, en el caso del coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, la JEP remitió su caso a la Unidad de Investigación y Acusación luego de que enviara un escrito diciendo: 'no admito responsabilidad a ningún título', y de que no asistiera a ninguna de las citaciones hechas por la Sala, según informó el tribunal de paz.
Figueroa fue imputado como uno de los máximos responsables de los crímenes en medio de los cuales fueron asesinadas y desaparecidas 127 personas, '52 de ellas mientras él ostentó el mando y control del Batallón de Artillería No. 2 La Popa', según la JEP.
Finalmente, sobre el general (r) Iván Ramírez Quintero, la JEP informó en agosto pasado que rechazó su sometimiento a la Jurisdicción por su presunta responsabilidad en los hechos ocurridos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985. Esto porque 'el compareciente no ha hecho los aportes de verdad a los que se ha comprometido previamente', señaló el tribunal.
'Esta decisión implica el retorno inmediato de su caso a la justicia ordinaria, que debe continuar con el trámite de manera célere para cumplir con los derechos de las víctimas del Palacio de Justicia y sus familiares', argumentó la JEP. Sin embargo, el exgeneral siguió compareciendo ante las citaciones ya efectuadas por la Sala de Reconocimiento a rendir versión en el Caso 06, que investiga la victimización de miembros de la Unión Patriótica (UP), 'por sus actividades de inteligencia militar y como comandante de la I División del Ejército'.
