Reparación de víctimas del conflicto: $301 billones para 9 millones afectados por la guerra

Otro de los dilemas a que se enfrentan en medio de los intentos de procesos de paz y sometimiento actuales el gobierno de Gustavo Petro y la sociedad colombiana en general es cómo reparar a las más de 9 millones de víctimas de una guerra de décadas en el territorio nacional.

La controvertida propuesta de la emisión de bonos por parte del Banco de la República abrió una difícil, pero obligada discusión para ayudar a sanar las heridas del conflicto, discusión que sin embargo parece estar lejos de cerrarse.

En el marco el pasado domingo 9 de abril de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón, anunció el lunes que la reparación de las víctimas en Colombia requiere recursos por $301 billones y que con corte al 28 de febrero pasado se han incluido en el Registro Único de Víctimas 9.446.572 personas.

Y agregó que en 10 años de implementación de la Ley de Víctimas se han formulado solo 52 planes de implementación previstos, por lo que en estos cuatro años se adelantarán, del total de 829 previstos, más de 600.

Posteriormente, ante el Consejo Nacional de Paz, el presidente Gustavo Petro advirtió que al ritmo que ha avanzado la reparación, el Estado tardaría 125 años en completar la tarea, por lo que planteó que 'hay que construir otro camino en las condiciones concretas. Si no es el Presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión, lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas: La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia'.

A esta propuesta le salieron no pocos críticos, entre ellos el ex ministro de Hacienda y exjefe negociador de paz con el ELN Juan Camilo Restrepo, quien tuiteó: 'El Banco de la República no creo que vaya a aceptar esta invitación de Petro, pero el mensaje hacia el exterior –de que el presidente quisiera atender gastos del Gobierno con crédito de emisión– es fatal'.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Paz del Congreso, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, la defendió en diálogo con este medio: 'El presidente no ha hecho un planteamiento de renunciar a la indemnización, ni dijo que el Gobierno no iba a hacer un esfuerzo en esa materia, sino que señaló la necesidad de discutir otras modalidades de financiación y salió a relucir lo del Banco de la República, pero lo más importante, el planteamiento del acuerdo nacional misteriosamente ha quedado en la penumbra'.

Y añadió que la sociedad colombiana 'ha invertido enormes recursos para hacer la guerra e incentivar el conflicto, pero a la hora de reparar a las víctimas de este conflicto hay un planteamiento absolutamente limitado, por eso el presidente propone que invirtamos las prioridades'.

Frédéric Massé, codirector de la Red de Monitoreo del Crimen Organizado en América Latina, doctor en ciencias políticas y experto en temas de paz, le dijo a este diario que 'entre las proyecciones maximalistas y las minimalistas de cuánto podría costar la reparación a las víctimas hay que buscar un consenso, un equilibrio entre el derecho a la justicia y a la reparación por parte de las víctimas del conflicto, inclusive una reparación financiera, y la capacidad financiera y presupuestal del Estado'.

Por su parte, Adil Meléndez, de la Corporación Agencia Nacional Étnica y Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, señala a este periódico que 'puede ser superior la cifra si tenemos en cuenta que las víctimas a la fecha de hoy no han sido reparadas y que el modelo de justicia que se ha implementado no ha sido províctimas. Por ejemplo, a pesar de los ingentes esfuerzos que se han adelantado en Justicia y Paz, aún no va por el 20 % de las víctimas acreditadas y ni qué decir de la JEP, que contempla un modelo de reparación colectiva, pero más grave es lo del sistema contencioso, pues con la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 del Consejo de Estado, nuestra oficina, que representa más de 30 mil víctimas en el Caribe, ha perdido 25 demandas'.

Y Alcides Estrada, representante de víctimas de Sucre, plantea a este diario que se trata de una cifra 'seria y bien analizada, pero que podría aumentarse teniendo en cuenta si es que el ejercicio es el de las indemnizaciones integrales que da la Unidad de Víctimas y que provienen del Fondo de Reparación, donde se dan son ayudas humanitarias, porque a la Unidad nadie acude para solicitar otro tipo de perjuicios morales o materiales, entonces habría que mirar si están incluidas las demandas que causan hoy en lo contencioso administrativo'.

Andrés Macías, doctor en estudios de paz y conflicto y catedrático de la Universidad Externado, pone de presente en entrevista con este medio que 'esa cifra es lo que es: una cifra bastante alta que muestra claramente lo complejo que es implementar el acuerdo de paz no solamente por los temas de conflicto armado, cultivos ilícitos, narcotráfico en general, sino por cómo atender a las víctimas, y precisamente por eso gran parte de lo que se buscó en el acuerdo es que con recursos de las extintas Farc se pudiera reparar a las víctimas, o con recursos de los victimarios'.