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La Procuraduría informó este lunes en un comunicado que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acogió las pretensiones presentadas por el Ministerio Público en la acción de cumplimiento en contra de la Presidencia y el Ministerio de Ambiente, que pedía el cumplimiento en su obligación de establecer y definir un marco regulatorio para la gestión del cambio climático.

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Advirtió el ente de control que pese a haber transcurrido más de cuatro años desde la expedición en 2018 de la Ley de Cambio Climático, y cumplido el plazo máximo de tres años para el desarrollo de la regulación, 'el Gobierno Nacional no ha definido los lineamientos y orientaciones para que autoridades ambientales y territoriales, incorporen la gestión del cambio climático en los diferentes instrumentos de planificación, que permita la mitigación de los gases efecto invernadero, reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas frente a sus efectos'.

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Por ello, la Sala falló y accedió parcialmente a las pretensiones de la Procuraduría, ordenando a la Presidencia y al Ministerio de Ambiente que en el marco de sus respectivas competencias procedan a la reglamentación de las normas frente a la Ley de Cambio Climático, estableciendo un término máximo de seis meses.