La Procuraduría General de la Nación informó que formuló pliego de cargos a María Mercedes Perry Ferreira, ex liquidadora de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), por presuntas irregularidades en la entrega de bienes a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en el año 2014.
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El ente señaló que las investigaciones han arrojado que Perry 'no habría hecho una adecuada entrega de los bienes de la extinta DNE a la Sociedad de Activos Especiales, entidad que por ley estaba asumiendo tal función, pues el suministro de la información, que se hizo cambiando del software 'Faro' al Software 'Matrix', no fue la adecuada y generó una total incertidumbre sobre la existencia real de dichos bienes, debido a que al parecer, esta se habría hecho de forma documental y no física, como se le exigió en su mandato'.
El Ministerio Público agregó que hubo pasividad en la verificación de los bienes que debían entregarse, por lo que presuntamente habría omitido las funciones que se había comprometido con la gerente liquidadora Estatal Fiduprevisora S.A.
Indica la misiva de la PGN que la falta disciplinaria que es investigada fue calificada provisionalmente como gravísima a título de culpa gravísima.
Por este hecho, Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia, le solicitó a la Procuraduría que tuviera en cuenta los insumos que su entidad ha presentado respecto al caso. El dirigente señaló que 'Son 52 bienes, de los cuales 48 están en el Valle del Cauca y superan las 4.000 hectáreas, que, en su paso a la SAE, desaparecieron'.
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Actualización de la noticia
El pasado 15 de marzo de 2024, la Procuraduría informó que luego de una valoración del comportamiento investigado de María Mercedes Perry Ferreria, se ordenó absolver de responsabilidad disciplinaria a la exfuncionaria, quien 'no incurrió en incumplimiento de sus deberes y a su vez, tampoco afectó la garantía de la función pública en el proceso liquidatorio', señaló la entidad.
Así mismo, de acuerdo con el Ministerio Público, durante el juicio disciplinario 'se desvirtuó que hubiese infringido la normatividad reprochada, por cuanto constató que antes de la disposición del gobierno Nacional de liquidar la citada entidad pública, esta presentaba falencias en el registro de los bienes administrados y del sistema de información FARO, que impedía su confiabilidad y seguridad de la base de datos'.
Debido a que quedó desvirtuado y no probado el cargo formulado, se ordenó absolver a la exfuncionaria.
