La Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional protagonizan un inusual choque de trenes por una tutela.
El alto tribunal constitucional, en mayo pasado, estudió la tutela y redujo los plazos que el máximo tribunal de la justicia ordinaria tiene para resolver las sentencias de casación, que es el recurso que los condenados generalmente interponen para que sus sentencias sean revisadas.
Esta decisión causó preocupación en la Suprema por la posibilidad de que con el cambio de reglas puedan prescribir casos que cursan actualmente y, por ello, pidió a la Constitucional que anule su providencia.
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La Corte Suprema dice que la Corte Constitucional 'sin justificación alguna, y sin respetar su jurisprudencia' no le permitió a pronunciarse sobre este caso, y pidió que se creen una serie de reglas para que sus decisiones puedan ser revisadas.
El caso se remite a la muerte de un civil en San José del Saco, Juan de Acosta, Atlántico, cuando en mayo de 2008 el agente de policía, Ariosto Orozco, en medio de una alteración del orden público, le disparó. Orozco fue absuelto en primera instancia y condenado por el Tribunal Superior Militar en 2013 a seis años de prisión. Su defensa presentó un recurso de casación, argumentando que habían pasado 14 años entre el día de los hechos y la resolución, y la Corte Suprema confirmó la condena en 2019.
{"titulo":"Desde este lunes La Guajira tiene nuevo gobernador por fallo de la Corte ","enlace":"https://www.elheraldo.co/la-guajira/desde-este-lunes-la-guajira-tiene-nuevo-gobernador-por-fallo-de-la-corte-925941"}
Entonces la Corte Constitucional estudió el caso y ordenó a la Suprema decretar la prescripción de la acción penal. Y estableció un plazo de cinco años para que la Corte Suprema resuelva casaciones desde la notificación de la sentencia de segunda instancia. Pero la Suprema pide anular el fallo de la Constitucional y le pide crear unas reglas para revisar los fallos de la Corte Suprema.
