La Alianza Colombia Libre de Fracking manifestó su preocupación luego que se diera a conocer la decisión del Consejo de Estado que deja en firme las reglamentaciones que permiten la técnica de fracturamiento hidráulico, conocida comúnmente como fracking, en Colombia.
De acuerdo con la organización, esta decisión desconoce el principio de precaución en materia ambiental y el riesgo de daño grave e irreversible que representaría la técnica experimental para el ambiente y la integridad humana.
'La Sección Tercera toma una decisión en contravía del concepto de la Procuraduría General y de varias de las pruebas practicadas en el juicio, entre ellas el peritaje de la Universidad Nacional que demostraron la insuficiencia de las normas demandadas. Además se desecharon los amplios testimonios recabados, entre ellos los de la Comisión de Expertos conformada por el Gobierno, que evidenciaron la incertidumbre científica y la necesidad de aplicar el principio de precaución. El fallo debía declarar la nulidad de las normas demandadas', se lee en el comunicado.
Asimismo, argumentan que esta decisión va en contra de los compromisos internacionales adquiridos por el país, además expresa que la implementación del fracking eleva el riesgo de los defensores ambientales.
Finalmente, la organización manifiesta que continuará insistiendo ante el Congreso de la República para que se prohíba definitivamente el fracking en Colombia.
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Decisión del Consejo de Estado
La decisión fue tomada específicamente por la Sección Tercera de la alta corte, la cual desestimó los cargos y pretensiones de nulidad presentadas en contra del Decreto 3004 de 2013 y de la Resolución No. 90341 de 2014, emitidas por el Gobierno Nacional.
Las normas fueron demandadas porque, de acuerdo con la opinión del actor, autorizan, avalan o permiten la técnica del fracking en el país.
Por otra parte, el ente delineó la responsabilidad que tienen las autoridades administrativas para escoger los medios técnicos y operativos apropiados, dentro de las circunstancias concretas, para alcanzar la finalidad legalmente que se requiere, pero guardando precaución, que impone que la determinación sobre tales medios sean razonables y estén fundamentados en una investigación científica adecuada de los factores desencadenantes de riesgos, así como de bienes jurídicos potencialmente afectados por su materialización.
Cabe destacar que en las últimas horas la ministra de Ambiente del gobierno entrante, Susana Muhamad, criticó la ejecución del fracking en el país.
Así, sobre los pilotos que están en marcha comentó que 'hay uno que tiene licencia ambiental por parte de la ANLA, que tiene un contrato y que está en ejecución. Nosotros estamos entendiendo eso a profundidad para encontrar una ruta jurídica que permita que no avancemos con eso'.
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